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El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y su Asamblea Consultiva condenaron de manera enérgica la convocatoria de odio contra los integrantes de la Caravana Migrante , generada por declaraciones xenófobas que emitió el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, y otras autoridades de esa ciudad.
En un pronunciamiento, calificaron de inaceptable que servidores públicos reproduzcan prejuicios que criminalizan a migrantes y desplazados originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, actitudes que son los mismas con las que se estigmatiza a los mexicanos que están en Estados Unidos.
“Llamamos la atención sobre los peligros que representa para la paz y la convivencia democrática, no la presencia de personas migrantes y en busca de asilo y protección internacional, sino la manipulación de la opinión pública con base en discursos desinformados y estereotipados, la convocatoria al odio contra las personas de la caravana, la movilización para infringirles violencia y el uso arbitrario del poder público para violentar los derechos humanos”, enfatizaron.
El Conapred y su Asamblea Consultiva aseguraron que las personas de la caravana migrante no representan un peligro para la seguridad del país , sólo están huyendo de una grave situación de inseguridad y falta de oportunidades. “ No son criminales, son víctimas de la delincuencia y la falta de garantías en sus lugares de origen . No son una invasión, han caminado juntas como una estrategia de protección. No han cometido ningún delito al entrar a México, tienen derecho a recibir protección y asilo”.
Reconocieron que la caravana representa desafíos para las localidades por las que transita y a las que llega, pero destacaron que las autoridades deben ofrecer respuestas humanitarias, apegadas al respeto de los derechos humanos.
El Conapred y su Asamblea Consultiva respaldaron también la solicitud de medidas cautelares que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California
y exhortó a las autoridades municipales, estatales y federales a movilizar los recursos necesarios para que se implemente una estrategia integral para atender a la caravana.
