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Durante la presentación del “Estudio sobre el impacto y cumplimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2001-2017 Tomo IX Procuración y administración de justicia”, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ), Luis Raúl González Pérez , alertó que México vive una crisis de impunidad e inseguridad.
En su exposición retomó las cifras del “Índice de Efectividad en la Resolución de las Carpetas de Investigación” de 2019, de acuerdo al Censo Nacional de Procuración y Administración de Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) donde se estima que el promedio de efectividad nacional alcanza el 19.4% y las entidades federativas donde las procuradurías o fiscalías alcanzan el menor porcentaje de efectividad son: Aguascalientes , Chiapas , Guerrero , Jalisco y Quintana Roo , todas con cifras menores del 10%.
Este documento pone en evidencia las irregularidades más frecuentes en materia de procuración de justicia, refirió el ombudsman nacional a las que sumó “la desatención y la apatía”.
A nivel nacional la probabilidad promedio del esclarecimiento de un delito, es decir que se denuncie y se resuelva efectivamente es de 1.3% . Sin embargo, Guerrero es la entidad que presenta escasamente 0.02% , lo que significa que sólo uno de cada 500 se logra esclarecer.
En tanto, que Chiapas , Jalisco , Quintana Roo y Tamaulipas que presentan porcentajes inferiores al 0.06%.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 indica que sólo existen 8.2 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes en el territorio nacional, pero las diferencias a nivel estatal son significativas, es el caso de Puebla que sólo cuenta 2.8, en contraste con Chihuahua que cuenta con 25.1 por cada 100 mil habitantes.
El presupuesto en la procuradurías y fiscalías también representa una disparidad en cada estado; en la Ciudad de México se destinan 740 pesos en promedio por persona; seguido de Chihuahua 600 pesos por habitante. En cambio en Guerrero destina 244, el Estado de México 218, Veracruz 175 y Tlaxcala 106 pesos.
El presidente de la CNDH , reiteró que ante este panorama los retos que enfrenta el Estado mexicano son construir un sistema coherente, ordenado y eficaz.
Como parte de las conclusiones el funcionario agregó que “a estos desafíos se debe considerar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ( CIDH ), el fortalecimiento e instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción ( SNA ) para vincularlo eficazmente con la agenda de la seguridad pública, privilegiar la prevención del delito, garantizar las reglas el debido proceso, impulsar los mecanismo alternativos de solución de conflictos, garantizar la reparación integral de las víctimas, la reinserción social y la justicia restaurativa”.
