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El Estado mexicano defendió la Ley de Seguridad Interior, así como las acciones que ha realizado en el caso Ayotzinapa, en materia de desaparición de personas y para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, durante su Tercera Revisión en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas , que se llevó a cabo hoy en Ginebra, Suiza.
Ante Vojislav Suc , presidente del consejo, Miguel Ruiz Cabañas , subsecretario para asuntos multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ), quien encabezó la delegación mexicana, reconoció que “ México enfrenta retos considerables en materia de derechos humanos, no venimos aquí ni a minimizarlos ni a negarlos ”.
Aseguró que las consideraciones y observaciones que se generen del escrutinio internacional serán tomadas en cuenta por las autoridades para continuar trabajando, porque el esfuerzo seguirá en medio del cambio de gobierno que se vive en el país.
Durante la sesión de tres horas y media, los Estados miembro cuestionaron a México sobre tortura, desaparición forzada de personas, las agresiones contra defensores y periodistas, la violencia contra las mujeres, las violaciones a los derechos de personas migrantes, la discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad como pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y LGBTTTI, y la trata de personas.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Avante , defendió la Ley de Seguridad Interior, al señalar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido la posibilidad de recurrir a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Recordó que la Guía para la regulación de la fuerza y protección de las personas en situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de conflicto armado de la OEA indica que las intervenciones de las Fuerzas Armadas deben tener tres principios: excepcionalidad, temporalidad y subsidiariedad, “nuestra Ley de Seguridad Interior atiende esos tres principios”.
“En síntesis, la Ley de Seguridad Interior respeta los criterios emitidos en el seno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos , no obstante, el Presidente de la República se abstendrá a emitir cualquier declaratoria sustentada en esta ley hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva y se pronuncie sobre la constitucionalidad y respeto a los derechos humanos de este lineamiento”, dijo.
Sobre el tema de migración, Avante enfatizó que “en México nadie es ilegal” y ante la llegada de la Caravana Migrante, el país reitera su hospitalidad y solidaridad, así como su compromiso con una migración ordenada y segura. Destacó que actualmente 3 mil 230 migrantes han solicitado refugio.
En el materia de defensores de derechos humanos y periodistas, aseguró que las autoridades continuarán trabajando en reforzar el mecanismo de protección a través de la profesionalización, el perfeccionamiento de las medidas y se garantizará que tendrá los recursos suficientes para realizar sus tareas.
Ricardo Sánchez, fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo sobre el mismo tema que de enero de 2015 a octubre de 2018 se ha ejercido acción penal en 84 casos y solicitado 61 órdenes de aprehensión, 36 personas han sido vinculadas a proceso y se han emitido ocho sentencias condenatorias, cuatro de ellas en este año.
Habló también del caso Ayotzinapa, sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el que afirmó que “se ha dado cabal cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana y 98% de las recomendaciones emitidas por Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han sido cumplidas”.
Añadió que hay más de 100 personas procesadas por la responsabilidad en el secuestro de los normalistas y 27 por tentativa de homicidio de uno de ellos. Sobre la creación de la comisión de la verdad, se limitó a decir que la decisión está en las manos del Poder Judicial.
Respecto al combate a la tortura, recordó que entró en vigor una ley general en la materia, con la cual se crearon fiscalías especializadas, se aprobó un protocolo homologado de investigación, de 2013 a 2018 se han emitido 36 sentencias por este delito.
En materia de desaparición forzada, mencionó que en 2018, debido a la implementación de la ley en el tema se implementó la fiscalía especializada, que actualmente cuenta con 939 indagatorias y se han emitido 43 sentencias a nivel nacional.
Roberto Cabrera Alfaro, comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, expresó que a la fecha tienen el registro de 37 mil 435 personas desaparecidas. Recordó que el pasado 16 de enero entró en vigor la ley general en la materia, con la cual se estableció el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, en el cual trabajan actualmente para evitar la duplicidad y errores de datos.
Dijo que ahora, siete de cada 10 registros tienen la identidad digital, de los cuales, más de 60% cuentan con la fotografía y las huellas dactilares de la persona desaparecida. Destacó que actualmente se han obtenido más de 4 mil 500 coincidencias, y están en proceso de entregar más de 340 cuerpos, algunos con más de 10 años sin identificar.
Ésta fue la Tercera Revisión del Estado mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la primera fue en febrero de 2009 y la segunda en octubre de 2013. El reporte de resultados del escrutinio de hoy se entregará el próximo viernes.
