El gobierno mexicano debe cumplir con los acuerdos internacionales a los que se ha comprometido en materia de migración y reconocer la condición de refugiados de los ciudadanos hondureños que participan en la caravana migrante , afirmaron organizaciones de la sociedad civil, colectivos, defensores de derechos humanos y académicos.

Organizaciones como Washington Office on Latin America (WOLA), Causa en Común , la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes , Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho , el Instituto para las Mujeres en la Migración , la Red por los Derechos de la Infancia en México , Save The Children México , el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan , entre otros hicieron un llamado a las autoridades a implementar acciones en favor de los migrantes , “ante la grave situación de violencia generalizada, hambre , marginación y falta de condiciones básicas para una vida digna y segura” que han originado su desplazamiento.

Indicaron que la caravana de migrantes debe calificarse de un desplazamiento forzado de personas que requieren protección internacional.

Manifestaron que principalmente provienen de Honduras , pero también se han sumado al contingente personas de El Salvador, Guatemala y otros países de Centroamérica.

Ante esa situación, exhortaron al gobierno a reconocer la protección internacional Prima Facie de la población hondureña que esté bajo protección del Estado mexicano y que se garantice que no serán devueltos a su lugar de origen.

“México cuenta con el reconocimiento Prima Facie de la condición de refugiado en su legislación, consistente con el derecho internacional de las personas refugiadas, y es utilizado por los países ante la llegada de contingentes de personas con necesidad de protección que sobrepasan la capacidad instalada de los Estados para procesar sus solicitudes de forma individual”, expresaron.

Las organizaciones recordaron que “México debe cumplir con las obligaciones a las que se ha comprometido en el marco jurídico nacional e internacional para informar, detectar y autorizar el ingreso de todas las personas, con apego a las garantías de un debido proceso, así como evaluar y determinar las necesidades de protección de la niñez, adolescencia, mujeres, hombres y familias, ya sea como refugiadas o por otras causas humanitarias o complementarias”.

Solicitaron también que las autoridades mexicanas no detengan a los migrantes en estaciones migratorias, que les brinden la atención médica que necesiten, y que haya participación coordinada con las procuradurías de protección a la infancia, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con las estatales, entre otras medidas en beneficio de la población que forma parte del contingente.

mpb

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