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La representación del gobierno de México que participó en una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de San Salvador Atenco, admitió ante ese tribunal su responsabilidad internacional por los hechos y aceptó acatar las medidas para reparar a las víctimas.
En el marco de las conclusiones de la audiencia donde se discutió sobre los hechos de presuntas violaciones y torturas cometidas por policías federales, estatales y municipales contra 11 mexicanas en mayo de 2006, en una serie de disturbios en San Salvador Atenco y Texcoco, los representantes del Estado mexicano y de las víctimas coincidieron en que en esos hechos hubo violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, en las conclusiones discreparon en torno a si fue un ataque planificado o un acto sin control de fuerzas de seguridad.
Por la violencia que estalló entre floricultores y otros grupos populares con policías en esos dos municipios del Estado de México los días 3 y 4 de mayo de 2006, el Estado mexicano podría recibir una sentencia condenatoria por violar las convenciones Americana sobre Derechos Humanos, Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la de Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se señaló.
Tras dos días de audiencias en la corte, cuya sede está en Costa Rica, la delegación del gobierno mexicano negó que lo ocurrido contra las mujeres fuera resultado de una política de violaciones a los derechos humanos, aunque la contraparte alegó que se trató una labor coordinada desde los altos mandos políticos y policiales del Estado de México y del gobierno federal de ese país.
Las mexicanas que acusaron al Estado mexicano ante la corte, por intermedio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con base en Washington, son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Ángela Patricia Torres Linares y María Patricia Romero Hernández.
Lo que sigue. El proceso seguirá con el aporte de las partes y de la comisión de alegatos finales por escrito y la sentencia se espera para 2018.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, expuso las conclusiones a nombre del Estado y ratificó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que “México acatará la sentencia que esta Corte determine en su momento”.
Subrayó que “hemos reconocido plenamente las violaciones de derechos humanos ocurridas [en los dos municipios] en el marco de un operativo policial que no tenía por objeto a este grupo de mujeres, pero, lamentablemente, hubo excesos y los hemos reconocido. Y hemos además promovido y propuesto formalmente a la comisión y a las víctimas toda una serie de medidas de reparación amplias y que esperamos que eventualmente acepten”, afirmó.
“Una cosa es ordenar un operativo que puede salir mal y producir excesos y otra, que también quedó demostrada, es que de ninguna manera el Estado ordenó una represión masiva de personas o un ataque directo o violaciones de derechos humanos. Son cosas distintas”, alegó.
Ruiz Cabañas dijo que el caso de las 11 mujeres provocó un cambio muy importante en México, “favorable a los derechos humanos”.
Afirmó que “hay que reconocer que las mujeres que han luchado, van a tener y están teniendo una satisfacción por parte del Estado mexicano.
“Creo que desde 2006 han cambiado muchas cosas a raíz de este caso, que es extraordinario. Es único. No es un caso impune por todas las pruebas que hemos ofrecido hoy a la corte de que existen los procesos. Todavía no tenemos sentencias, pero esperamos que los jueces, que en México son independientes, otorguen estas sentencias”.
Ruiz Cabañas insistió en que el Estado mexicano “no sólo comprende a las mujeres”, sino que “expresamos ya una disculpa pública. Hemos reconocido plenamente las violaciones de derechos humanos ocurridas a las 11 mujeres y, a partir de eso, se han hecho muchas cosas tanto en el Estado de México como a nivel nacional”.
Ninguna condena. Cuestionado por la corte, el fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, admitió que “en efecto, no tenemos hasta este momento una persona condenada” por lo ocurrido en ambos municipios.
Marcela Martino Aguilar, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), instancia hemisférica que junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez representó legalmente a las víctimas, expuso en sus conclusiones que “se cometieron graves violaciones que incluyeron la tortura sexual, física y sicológica de al menos 11 mujeres en el marco de un operativo coordinado por fuerzas estatales, municipales y federales”.
A consulta de este diario, también destacó que “esos graves hechos siguen en absoluta impunidad, 11 años después de cometidos” y cuya cadena de mando incluyó a “personas que debieron prevenir o que estuvieron involucradas en la planificación y la supervisión de los operativos y que supieron en tiempo real de los abusos que se estaban cometiendo”.
***Con información de EFE