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Nueve de cada 10 mexicanas que viven en zonas rurales
viven en condición de vulnerabilidad al carecer de acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar políticas públicas en beneficio de ese sector.
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora hoy, el organismo enfatizó que ellas enfrentan nula autonomía , lo que les impide tener tiempo para sí mismas y para generar ingresos propio s, así como para sus familias y comunidades.
Sin embargo, indicó que contribuyen en gran medida a la producción alimentaria nacional, con todo y las limitaciones de tipo legal y de algunos sistemas normativos internos de sus comunidades que las excluyen de participar y tomar decisiones en torno del otorgamiento de recursos y financiamientos agrícolas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2016, la población estimada en el país es de 122.3 millones de personas, 23.2% habita en localidades rurales, en donde hay 104 mujeres por cada 100 hombres. Asimismo, una de cada tres mujeres rurales se concentra en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, y seis de cada 10 (62.1%) se halla en situación de pobreza.
Con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 93.5% de las mexicanas rurales son ubicadas en condición de vulnerabilidad, porque carecen de acceso a educación, salud, seguridad social, infraestructura de la vivienda, servicios básicos y alimentación, además, perciben 75% menos salario en comparación con el que reciben los hombres del campo.
El organismo hizo eco del reclamo de las mujeres rurales organizadas, quienes demandan el reconocimiento de sus problemas y que se parta de sus capacidades para superar las brechas de desigualdad que las afectan a nivel nacional.
La CNDH exhortó a los tres órdenes de gobierno a diseñar políticas públicas con base en las necesidades y requerimientos de ese grupo poblacional, que se les consulte sobre los proyectos que necesitan y cómo utilizar los apoyos productivos, además de tomar en cuenta la diversidad de culturas a las que pertenecen.
Instó también al Estado mexicano a impulsar y visibilizar los aportes que las mujeres rurales hacen a sus comunidades, su papel en la seguridad alimentaria, la producción y comercialización de alimentos y el cuidado de animales, así como la realización de las tareas domésticas, a pesar de la feminización del trabajo agrícola por factores que contribuyen a reproducir la pobreza en el campo mexicano, y a la falta de acceso a la educación y al empleo que afectan el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.
Recordó que el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), con base en la Convención y en su Recomendación General No 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, ha señalado este año a México que debe actualizar la infraestructura de las escuelas, especialmente en áreas rurales, incrementar los recursos financieros, humanos y técnicos asignados a la educación y cuidado de la salud de las mujeres rurales, y tomar medidas objetivas para la igualdad de oportunidades en el campo laboral.
Manifestó también la necesidad de fortalecer el apoyo institucional para garantizar el acceso al agua y al saneamiento, reforzar una estrategia nacional para la reducción de la pobreza, y que la implementación de la Agenda 2030 sea plenamente incluida y se aliente la participación activa de las mujeres en la formulación e instrumentación de las estrategias para la reducción de la pobreza.
cg
