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Los integrantes de la Respetable Gran Logia del Valle de México demandaron al Gobierno Federal que se respete el artículo 130 constitucional y haya una efectiva separación de la Iglesia del Estado mexicano .
El encuentro se extendió por poco más de una hora con integrantes de la logia masónica , movimiento que cuenta a Benito Juárez como el masón mexicano más reconocido. Durante la conferencia, algunos de los asistentes mostraron dos mantas con los mensajes: "Ni un paso atrás con el artículo 130 constitucional" y "Separación Iglesia-Estado".
El objetivo era reclamarle al vocero del presidente que sea la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) la encargada de distribuir entre sus fieles 10 mil ejemplares de la Cartilla Moral.
Acusaron que las cartillas no deben ser distribuidas por un grupo de confesión o religioso porque van a utilizarlo como medio para entrar "a la consciencia de otros seres. Está bien que lo hagan pero la Constitución y las leyes son muy claras", expresaron.
"No queremos que las cartillas morales, códigos de ética o los libros de texto los distribuyan los pastores, el clero. Juárez defendió la República a través de un mensaje: la separación Iglesia Estado. Le exigimos al gobierno de la República, la separación de las iglesias y el Estado", señaló Jorge Gaviño Past Gran Maestro de la logia, y coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en el congreso de la Ciudad de México.
A este reclamo, el vocero respondió que el llamado a distribuir la cartilla no está acotado a grupos religiosos sino que está abierto a que el debate se retome. Señaló que hasta el momento la distribución de las cartillas por parte de las iglesias evangélicas no ha ocurrido y que más bien se tendría que analizar si los recursos públicos pueden "estar a la mano de una denominación eclesial".
"En este llamado abierto que ha hecho el presidente no discriminamos a nadie. Hubo una denominación eclesial que levantó la mano y dijo: yo quiero repartir cartillas morales. A este momento no ha sucedido. Están en su derecho y habría que ver si en el tema de lo público y los bienes y recursos públicos pueden estar a la mano de una denominación eclesial que está normada por el artículo 130 de la Constitución y por el artículo 24. Lo vería como una situación, sí importante pero secundaria. Lo destacable es que haya voluntad de participar".
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