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A pesar del avance en la legislación del uso medicinal y científico de la marihuana, “en México nos seguimos matando” para evitar que se consuma, venda y transporte esa planta a Estados Unidos, mientras en ese país la yerba es legal en varios estados, afirma Armando Santa Cruz, integrante de México Unido contra la Delincuencia y uno de los beneficiados por el amparo otorgado por la Corte hace dos años para el uso lúdico de la yerba.
Para Santa Cruz, Francisco Torres Landa y José Pablo Girault, quienes son tres de los cuatro protagonistas, resulta necesario que la utilización de la planta se legalice lo antes posible para el uso recreativo.
Estos personajes, que se reunieron ayer en la vispera de cumplirse dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el permiso para poder consumir y plantar marihuana de forma recreativa, reconocen que fue histórica la sesión realizada el 4 de noviembre de 2015 en la Primera Sala del máximo tribunal en el país.
Los ministros calificaron entonces de inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud, y abrieron un debate social y político que desembocó en la aprobación por parte del Congreso de la Unión al uso médico y científico de la droga en abril de este año.
En entrevista con EL UNIVERSAL, recuerdan que al interponer el amparo ante la SCJN no buscaban un beneficio personal, sino demostrar que la política prohibicionista en materia de drogas tiene muchas faltas en materia constitucional y, sobre todo, de violación a los derechos humanos.
Torres Landa, integrante de México Unido Contra la Delincuencia, afirmó que a dos años sí es posible distinguir un avance, no con la velocidad y el alcance que la iniciativa buscaba, pero que por lo menos motivó la modificaciones en el uso de marihuana para fines médicos y científicos
“Hoy en día el nivel de información y entendimiento por parte de la ciudadanía, de lo que realmente trae emparejado esta política, y de cuál es la verdadera forma de tratar y de regular las drogas ha cambiado. Vamos bien, y ya lo único que se requiere es que la clase política del país deje a un lado las mezquindades y la hipocresía para que en ese tema podamos realmente encontrar una salida viable a un problema que nos está asfixiando”, aseguró.
Pero a pesar de los avances, Armando Santacruz González, director general de Grupo Pochteca, afirmó que la sociedad mexicana tiene “el peor de los mundos”, debido a que en nuestro país “seguimos matándonos para evitar que se produzca marihuana y que se venda a Estados Unidos, donde ya es legal, la producen y nos la mandan”.
A dos años del histórico fallo del máximo tribunal, Santacruz González lamentó que los políticos estén volteando para otro lado y dejen “de lado toda esta discusión y estén dispuestos a vivir en una situación que a todas luces no debería existir, que es tener un fallo de la Suprema Corte que dice que la actual legislación atenta contra los derechos humanos, atenta contra la proporcionalidad de las penas y que debería cambiarse, un Congreso que no cambia las leyes, a pesar de que se contrapone la legislación con el dictamen de la Corte”.
A un año de que termine la presente administración federal, José Pablo Girault Ruiz consideró que ni el gobierno federal, ni el Congreso tocarán el tema y para el siguiente sexenio esto dependerá mucho de quién gane los comicios: “Yo creo que si gana el Frente [Ciudadano por México] tendríamos una posibilidad; si gana el PRI, depende de quién sea el candidato, y si gana Morena, pues no creo que pase porque justamente Morena es el conservador, desde mi punto de vista”, dijo.
Este grupo de empresarios y activistas coincide en que el cam bio de mentalidad de la ciudadanía existe gracias a la exposición de casos como el de la niña Grace (tratada por Lennox-Gastaut); las iniciativas son muchas y están en la mesa, listas para ser estudiadas y generar debate, pero lo que realmente atora un cambio de estrategia en materia de drogas en México es la falta de voluntad política.
En ese sentido, Santacruz González detalló que desea ver que la próxima administración federal deje de impulsar la militarización y la Ley de Seguridad Interior, con el fin de redirigir recursos hacia una política de salud pública a nivel nacional.
“El reto para la siguiente administración sería asumir una posición más audaz y más inteligente, cambiar la política represiva por una de salud pública, porque yo creo que lo que es indudable y nadie puede discutir es que la guerra contra las drogas va de mal en peor, porque este año apunta para ser el más letal desde que [Felipe] Calderón desató la guerra contra las drogas”, afirmó.
Girault Ruiz dijo que es necesario reconocer que no se trata de un problema en la procuración de justicia, sino de la poca funcionalidad en las políticas de salud pública: “Por el lado de percepción de la ciudadanía, de ver esto como un problema médico y no como un problema policiaco, creo que se ha avanzado mucho”, aseveró.
Luego de que algunos ciudadanos e incluso legisladores han presentado sus propuestas al Congreso y a las autoridades correspondientes, parece que lo que busca el gobierno es “exactamente el resultado opuesto, que es seguir fortaleciendo la delincuencia organizada”, expresó Torres Landa, quien también aceptó que existe cierta frustración de parte de los activistas, “pero tenemos una gran voluntad y una gran paciencia de seguir siendo muy tercos, no nos cansaremos de exigir hasta que las cosas cambien. Para 2018 están proponiendo 122 mil millones de pesos para el Ejército y la Marina, así como 44 mil para la Procuraduría [General de la República] y la policía, ¿qué nos dice eso?, que en lugar de fortalecer la investigación policial y la prevención del delito, van a fortalecer la función represiva”, lamentó Santacruz González.
