La Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez ( Centro Prodh ) llamaron a los senadores a no aprobar la Ley de Seguridad Interior debido a que aseguraron que prolonga un modelo de seguridad fallido y consideraron que es urgente avanzar hacía una política de seguridad pública profesional.
En un comunicado conjunto, indicaron que si los legisladores aprueban en una horas la Ley de Seguridad Interior , "estaremos ante un acontecimiento que podría acarrear consecuencias aún peores en materia de inseguridad, violencia, violaciones a los derechos humanos y criminalización de la protesta social ".
Manifestaron que además de los cuestionamientos de actores de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, especialistas e investigadores, así como cuerpos colegiados y universidades, que han señalado la inconstitucionalidad de la Ley, no se ha cumplido la promesa de los últimas cuatro administraciones federales de que la intervención militar en seguridad pública será temporal .
“La Ley referida confirma lo contrario y podría producir un efecto de militarización irreversible y de consecuencias irreparables . El dictamen de la Ley de Seguridad Interior aprobado por la Cámara de Diputados incluye una amplia y ambigua definición de lo que es seguridad interior, lo que en la práctica derivaría en la identificación discrecional de riesgos y amenazas que justificarían la intervención militar”, señalaron.
Agregaron que esa ley es también ajena a los parámetros mínimos de transparencia y rendición de cuentas, debido a que clasifica como información de seguridad nacional toda la información generada por la aplicación de dicha ley, además que “permitiría a las fuerzas armadas actuar por sí, sin coordinarse y menos aún subordinarse al poder civil; lo cual es una seria amenaza a la continuidad de las instituciones democráticas”.
Por otra parte, en una carta enviada a los senadores, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” aseguró que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior , se estaría incurriendo en un acto inconstitucional “ya que como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles”.
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