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Hace 20 años que la familia de Johanna Fisher Garza, víctima de negligencia médica, inició la batalla legal para sancionar a los responsables de la cuadriplejia que padece. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá decidir si el caso penal contra la única persona investigada por los hechos prescribió o no.
Hasta ahora, ninguna persona ha sido sentenciada por lo que le ocurrió a Johanna cuando tenía 13 años. Únicamente fue detenida la enfermera general Anita Urbina, quien a pesar de que confesó haber alterado el expediente de la joven por órdenes de sus superiores, y de que el daño ocasionado a la paciente es permanente, salió en libertad luego de que la fundación Renace, A. B. P., que defiende a presos que no cuentan con recursos, pagó más de 300 mil pesos de fianza.
Johanna tiene 33 años, no puede ver ni hablar y no come por sí sola. La falta de movimiento ha mermado su salud. Sólo escucha y asiente con la cabeza.
“Mi niña sabe que le pasó algo grave, porque cuando le digo que tiene 33 años y que es una mujer adulta me mueve la cabeza y me dice que no. Ella sufre, estoy segura”, contó en entrevista Alejandra Garza, mamá de Johanna.
“La llevé al hospital Christus Muguerza, en Monterrey, en 1998, porque le dolía mucho la cabeza. De nacimiento, ella presentó una malformación arteriovenosa y cuando la revisaron, el doctor Hernán Campa Núñez detectó que una de las venas le estaba goteando y debía ser operada. Cuando salió [de la operación] él me dijo que la niña estaba perfecta, le hicieron estudios y salió bien”.
A pesar de que Johanna era menor de edad, Campa Núñez practicó la cirugía sin la asistencia de ningún pediatra. Al salir del quirófano le afirmó a la familia que la joven estaba en perfectas condiciones y que aproximadamente en 15 días podría volver a la escuela.
“Mi esposo y yo dormíamos en el hospital porque mantenían a la niña conectada a un ventilador para ayudarle a respirar, pero ella me respondía siempre, la vi bien, si le pedía que me apretara la mano, lo hacía, todo estaba en perfectas condiciones”, comentó Alejandra Garza.
Aproximadamente dos semanas después, el doctor informó a Alejandra y a su esposo que ordenaría retirar el ventilador puesto que la anestesióloga Roxana de Hoyos también había dado el visto bueno para desconectarla y, eventualmente, darla de alta.
Le dijo a los padres de Johanna que regresaran a casa a descansar, que al día siguiente su hija estaría platicando y todo volvería a la normalidad.
Esa noche, la enfermera general Anita Urbina recibió la orden de retirar el ventilador, pero, de acuerdo con las pruebas que los padres de Johanna han reunido, lo hizo sin seguir los protocolos, y la niña sufrió un paro cardiorrespiratorio.
La familia se enteró cuatro años después que Johanna recibió maniobras de resucitación por el paro que sufrió, puesto que Anita Urbina y personal del hospital alteraron el expediente clínico para ocultar lo ocurrido.
“Pasé cuatro días sin ver a mi niña, me planté en el hospital para exigir que me dejaran verla porque sólo me dijeron que se había puesto mal cuando la desconectaron, pero no me decían más.
“Anita Urbina me enfrentó y me dijo: ‘¡No puede pasar!, ¿no entiende?’, la empujé, entré a la fuerza al área de terapia intensiva y encontré a mi niña. Estaba retorcida, con sus manitas como encogidas, la boca chueca y los ojos en blanco. No sabía qué le hicieron, fui y enfrenté a Campa [el doctor], le exigí una explicación porque yo la dejé bien”, relató.
Después, el especialista se encontró con la familia para explicar lo sucedido: “Hubo una negligencia de la enfermera [Anita Urbina] y del hospital. La enfermera no debió desconectarla”, reconoció el médico según consta en una grabación que fue difundida por Alejandra Garza en redes sociales.
El caso contra Anita Urbina no ha concluido, su defensa solicitó que se declare la prescripción de los delitos de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad médica técnica y administrativa, y falsificación de documentos.
La SCJN deberá declarar si procede o no la prescripción de los delitos, pero aunque el expediente llegó desde hace cuatro años al máximo tribunal y fue turnado para que la ministra Norma Lucía Piña Hernández realizara el proyecto, en mayo pasado fue returnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que elabore una nueva propuesta de resolución, para lo cual no hay una fecha establecida y podría demorar hasta un año más.
“¿Qué están esperando los ministros?, mi hija necesita tratamientos muy caros, terapias; mi marido y yo trabajamos muchísimo para poderlas obtener.
“Con nada me van a pagar lo que le pasó a mi hija, pero me angustia mucho que yo no sé qué va a ser de ella el día que yo me muera, porque nadie quiere cuidar un enfermo”.
Esta no es la primera vez que personal médico del hospital Christus Muguerza en Nuevo León, Monterrey, enfrenta problemas legales.
EL UNIVERSAL informó que en la sucursal Conchita, un caso de negligencia médica llevó a los tribunales federales las denuncias de tortura y malos tratos en contra de una paciente que, ante la falta de atención médica, murió a los 59 años de edad.
El asunto también llegó a la SCJN, en el que la familia de la paciente espera a que los ministros establezcan un criterio en materia de reparación integral del daño y violaciones a derechos humanos en casos de negligencias médicas.
