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Los dictámenes periciales de tres de los edificios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México presentan discrepancias entre los datos de los especialistas e incluso uno de ellos fue sancionado el año pasado por autorizar obras irregulares.
Se trata de los documentos publicados por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y dirigidos a los trabajadores de la institución, litigantes y público en general, mediante los cuales asegura que los inmuebles son aptos para continuar laborando.
Los dictámenes de Fray Servando, Plaza Juárez y Sullivan fueron realizados por dos empresas especializadas en la materia, una de ellas es Bufete de Construcciones Delta, donde el ingeniero José Luis Rubio Ramírez fue el encargado de realizar las inspecciones.
De los documentos se desprende que el ingeniero Rubio Ramírez estampó su firma para dar fe de que los edificios son seguros estructuralmente con el número de cédula profesional 0920211.
Sin embargo, de acuerdo con una búsqueda en las cédulas de la Secretaría de Educación Pública, el número corresponde a la cédula de Víctor Germán Castañón Cervantes, ingeniero mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional.
En los documentos anexos consta la copia a color de la cédula de Rubio Ramírez, cuyo número es 097211 como ingeniero mecánico, disciplina especializada en el diseño y fabricación de maquinaria industrial.
Además los documentos fueron firmados por el corresponsable estructural Carlos Rodríguez Corona, quien en 2016 fue sancionado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) por permitir la construcción de obras irregulares.
El entonces director responsable de obra, indicó la dependencia, fue encontrado responsable de irregularidades en los trabajos de Framboyanes 495 de la colonia Bosques de las Lomas, delegación Miguel Hidalgo, pues permitió la edificación de más pisos de los permitidos según la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcción.
Rodríguez Corona no era funcionario, sino que fungía como auxiliar de la administración pública mediante el aval de la Seduvi a través de los carnets que se les expide para tal efecto.
La sanción impuesta al ingeniero civil tiene una duración de dos años, por lo que el carnet que se le expidió como director responsable de obra le fue retirado.
En cambio, en los anexos de los tres dictámenes en los que firmó como corresponsable se identificó con el carnet número C/SE-0225, expedido el 31 de octubre de 2013.
Este fin de semana, los trabajadores del tribunal, litigantes y público en general se manifestaron a las afueras del edificio sede ubicado en Niños Héroes, mientras el Consejo de la Judicatura capitalino permanecía en sesión para informar las medidas para continuar con la operatividad del organismo.
De inicio el consejo informó que las labores serían reanudadas hoy de manera normal y que ayer lunes únicamente el personal de los juzgados acudiría a reorganizar sus lugares de trabajo para poder atender al público el martes.
El único inmueble donde no aplicaba la medida, señaló, era el de Isabel la Católica que, aunque se había determinado que el edificio era “estructuralmente seguro”, por cuestiones de funcionalidad, las áreas de ese inmueble serían reubicadas.
Sin embargo, ayer el presidente del TSJ, Álvaro Augusto Pérez Juárez, informó en conferencia de prensa que los trabajadores en los edificios de Fray Servando, Sullivan y Río Lerma no regresarían a trabajar hasta que se realicen nuevos dictámenes.
Mantuvo la medida de reubicar las áreas de Isabel la Católica y especificó que el inmueble de Nezahualcóyotl 130, colonia Centro, espera el dictamen de Protección Civil para determinar si es posible que continúe funcionando.
