Casi 10 años después, el gobierno mexicano designó a dos analistas de inteligencia para atender el caso de la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, ocurrida en Veracruz el 20 de octubre de 2010.
Esto, luego de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONUDH) determinó el pasado 5 de agosto de 2019 que Téllez Padilla fue víctima de desaparición forzada y que el Estado mexicano estaba obligado a realizar una investigación “exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y eficaz” para determinar las circunstancias de su desaparición.
Así lo informó el Estado mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su informe 2019 capítulo México dio seguimiento a la recomendación sobre adoptar una Ley General sobre Desaparición y Desaparición Forzada y asegurar que la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia.
El gobierno federal afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) comisionó a dos analistas de inteligencia quienes desde el 9 de diciembre de 2019 y hasta el pasado 5 de febrero 2020 atenderá el asunto.
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Asimismo, indicó que se instaló un grupo de trabajo conformado por la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía de Veracruz para investigar el asunto.
Christian Téllez desapareció el 26 de octubre de 2010 cuando fue interceptado por ocho elementos de Policía Intermunicipal mientras viajaba en su automóvil por Poza Rica, Veracruz.
Una de sus compañeras en la Universidad del Golfo de México, donde estudiaba Ingeniería Industrial, presenció los hechos y declaró que los policías lo obligaron a bajar de su vehículo a punta de pistola y lo subieron a una patrulla.
La policía Intermunicipal y la Agencia Veracruzana de investigación aseguraron a la familia que el joven no fue detenido por los elementos intermunicipales.
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La compañera de Téllez identificó a tres de los policías que se lo llevaron pero fueron absueltos por sus mandos quienes posteriormente fueron arrestados por vínculos con Los Zetas.
La fiscalía veracruzana inició una averiguación previa que posteriormente fue atraída por la anterior Procuraduría General de la República. Ambas autoridades afirmaron haber perdido los teléfonos y nombres de los posibles implicados.
Por ello, el dictamen de la ONUDH estableció que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de Téllez con participación de autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos del crimen organizado.
La fiscalía veracruzana inició una averiguación previa que posteriormente fue atraída por la anterior Procuraduría General de la República. Ambas autoridades afirmaron haber perdido los teléfonos y nombres de los posibles implicados.
Por ello, el dictamen de la ONUDH estableció que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de Téllez con participación de autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos del crimen organizado.
