Más Información
david.fuentes@eluniversal.com.mx
La directora del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, donde perdieron la vida 19 niños y ocho adultos en el temblor del pasado martes 19 de septiembre, es investigada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por presentar un permiso de uso de suelo, supuestamente falso, para la operación de la escuela.
Según la dependencia, se configura el presunto delito de uso de documento falso, motivo por el que la directora rindió su declaración preparatoria, pero se le requirió de nuevo para un segundo interrogatorio, dentro de la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-C/D/111/02-2017 de la Fiscalía de Delitos Ambientales.
A finales de 2016 el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) recibió una denuncia ciudadana en la que se acusaba que la escuela violaba el uso de suelo asignado para la colonia Nueva Oriental Coapa, en la delegación Tlalpan, que es únicamente habitacional.
Por tal motivo, la dependencia realizó una inspección al lugar y abrió el expediente “Duyus 2916/16”, y se requirieron los documentos a los propietarios del plantel que acreditaran que estaban en regla. Dentro de ellos se encontraba una copia fotostática del uso de suelo que, supuestamente, les permitía operar.
Al hacer el Invea un cruce de datos con el Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se conoció que el documento presentado por Mónica García Villegas no existía en los expedientes de la dependencia.
Con base en dicha información, el Invea presentó en febrero pasado la denuncia penal en contra de la directora de la escuela ante la procuraduría capitalina.
Si bien la escuela tiene más de dos décadas operando, se explicó que, de acuerdo con las últimas reformas en materia de uso de suelo, debieron haber solicitado el permiso referido por “derechos adquiridos”, pero no lo hicieron, por lo que incurrieron en una irregularidad, la cual se agravó con el documento presuntamente falso que entregaron a las autoridades administrativas.
Los motivos más comunes por los que se registra una violación al uso de suelo son por darle una utilidad diferente a la permitida en el Plan de Desarrollo Urbano de la delegación, construir más niveles de los permitidos, exceder los metros cuadrados de construcción autorizados, así como edificar en el área libre determinada.
Antecedentes. La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que en 2010 y 2014 el colegio recibió una suspensión de obras por la edificación que se construía y que ahora se vino abajo. En esas fechas, asegura la titular de la demarcación, se pagaron las multas y los directivos regularizaron los permisos, y fue así que se permitió que continuara la ampliación del plantel.
Sheinbaum Pardo aseguró que, de acuerdo con los expedientes que están en poder de su administración, el plantel operaba con legalidad, ya que las constancias del director responsable de obra constatan que el edificio estaba bien construido; sin embargo, dijo desconocer si estos documentos son falsos o reales.
Reiteró que solicitó una revisión exhaustiva en el plantel educativo, que incluye la revisión de los documentos y que estén en regla, la intervención de especialistas que trabajaron sobre los escombros para determinar si la edificación que se vino abajo y aplastó a los niños contaba con los materiales precisos.
“Pedí al Colegio de Ingenieros un dictamen de las características del edificio y ayer estuve con ellos para que se hiciera una primera revisión para evaluar si estaban construidos bajo la norma de construcción y si pudieran dar un dictamen”, comentó Claudia Sheinbaum.
Vecinos del colegio también levantaron la voz y aseguran que la obra que colapsó presentó desde origen algunas irregularidades que en su tiempo se denunciaron, pero que nunca fueron tomados en cuenta por las autoridades y ahora, dicen, inocentes pagaron las consecuencias.
