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El fortalecimiento institucional, mayores recursos, capacitación de los ministerios públicos en delitos ambientales son necesarios para garantizar la protección de las áreas naturales protegidas, advirtieron especialistas.
De cara al final de esta administración académicos y organizaciones consultados por EL UNIVERSAL consideraron como un avance la creación de nuevas áreas naturales protegidas como las islas Revillagigedo, pero queda pendiente para el siguiente gobierno dotar a las instituciones ambientales de capacidades suficientes para perseguir y sancionar los delitos en esta materia.
El 14 de abril del 2016 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) firmó un convenio con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para crear la Gendarmería Ambiental. Este cuerpo policiaco lucha contra actividades como la tala ilegal, el tráfico de especies, entre otros delitos ambientales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) determinó 61 zonas prioritarias para el ingreso de esta división, a dos años del convenio la Gendarmería sólo opera en 20.
Para Isabel Studer, directora Ejecutiva de The Nature Conservancy México y Norte de Centroamérica, la Conanp debe ser fortalecida y contar con un fideicomiso que le permita tener recursos propios para que no dependa del presupuesto que le destine la Semarnat; planteó la creación de la Comisión Nacional de Vida Silvestre descentralizado para el cuidado de la diversidad biológica.
“El fortalecimiento de Semarnat en términos de recursos tanto institucionales como financieros, la necesidad de que la Conanp esté fortalecida y que no dependa del secretario en turno si tiene recursos o no; de nada sirve tener todas estas áreas naturales protegidas y los planes de manejo, si no tienen los recursos para hacer efectiva la protección a las áreas naturales protegidas”, subrayó.
Consideró que la Profepa es una entidad “muy debilitada” que requiere fortalecimiento institucional para tener un rol más preventivo con capacidades de inteligencia para realizar investigaciones que atiendan delitos como la ilegalidad de la producción forestal o el tráfico de la totoaba.
“Es un tema que requiere un trabajo muy amplio [para] fortalecer a la Profepa, pero también va de la mano con cómo hacer que la PGR se pueda meter a los temas ambientales para procesar delitos contra el medio ambiente, porque no puede procesar; con hacer un programa especial para capacitación de ministerios públicos tribunales, jueces, para ayudar a que se cumplan las leyes y los reglamentos”, subrayó.
Resaltó que el decretar un área natural protegida no implica en “automático” su protección, sino que se requiere la coordinación institucional para la adecuada preservación del territorio, así como de los recursos naturales que alberga, consideró que se debe aumentar el número de elementos de la Gendarmería Ambiental.
Actualmente, existen 182 áreas naturales protegidas, de las cuales 111 cuentan con programas de manejo publicados en el Diario Oficial de la Federación; en esta administración se han publicado 44 Programas de Manejo, indicó la información proporcionada por la Conanp.
En 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre la carencia o falta de actualización de los Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas, lo que deriva en daños ambientales que afectan la biodiversidad de estas zonas. Estos instrumentos que establecen las estrategias de conservación y uso de estos territorios
Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, destacó que aunque en este sexenio hubo muchos avances, se debe incrementar el presupuesto para la conservación de esas zonas en el país y contar con personal más capacitado.
Destacó que se requiere otorgar incentivos a los propietarios de terrenos en estos territorios con el fin de que no permitan prácticas que dañen los recursos naturales.
“Necesitamos incentivar a los dueños de áreas naturales protegidas, con programas como el pago por servicios ambientales, incentivos fiscales para que la gente que tiene un terreno dentro de un área protegida no pague el predial”, enfatizó.