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Desde el pasado jueves, cuando la presidenta del Sistema DIF Morelos, Elena Cepeda, esposa del gobernador Graco Ramírez, ordenó la retención de los camiones de víveres y su traslado al centro de acopio de esa institución por medio de la Policía Morelos, la ayuda humanitaria ingresa al estado de manera encubierta, sigilosa y se entrega directamente en los pueblos y comunidades en crisis por el sismo del martes.
“Fue una decisión equivocada, incluso hubo empresarios que fueron amedrentados y amenazados con ser remitidos a la autoridad, con un tráiler cargado de ayuda. Es inhumano”, dijo el diputado federal del PAN Javier Bolaños.
“Graco Ramírez monopolizó la ayuda para damnificados y canceló el deseo de participar de los ciudadanos, eso generó desconfianza y enfado”, añadió.
En tanto, un donador que llegó con ropa y alimentos a la colonia La Nopalera, municipio de Yautepec señaló: “A nuestra camioneta le quitamos la lona que anunciaba el traslado de ayuda para Morelos, porque así nos recomendaron para evitar que nos detuvieran los policías de Morelos y nos obligaran a descargar la mercancía en las bodegas del DIF, como pasó con los tráilers de los michoacanos”, En ese lugar donde el terremoto fracturó y desplomó unas 70 casas, la presidenta del DIF Yautepec, Johalín Meza Gómez, informó que la ayuda llegó directamente de donadores de Guadalajara, Guanajuato, Monterrey, Querétaro y la Ciudad de México.
“Han llegado muchos apoyos. Estamos saturados de víveres, pero seguimos recibiendo y los almacenamos porque la etapa difícil apenas comienza”, expresó.
La acción de la sociedad civil se desbordó en apoyo de los pueblos y municipios en desastre y seguirá la ayuda, pero varias voces exigen la intervención de grupos civiles para certificar que las todas donaciones lleguen a su destino.
“Lo que planteamos es formar grupos de ciudadanos que vigilen la llegada y salida de los donativos, los cuales deben ser enviados a los lugares tal como llegan y las autoridades deben entender que todo fue entregado por ciudadanos de otros estados de la República y sólo usaron los vehículos oficiales para llevarlos. Ya no confiamos en las autoridades estatales, esa es la verdad”, dijo Víctor Torres, quien llevó zapatos y ropa a las comunidades de Jojutla y Tlaltizapan, zona sur del estado.
Se defiende. La propuesta del ciudadano Víctor Torres comenzó a difundirse en redes sociales y la presidenta del DIF, Elena Cepeda, contestó a la demanda social.
“Me dijeron que llamara a interventores ciudadanos. ¿Qué mas interventores ciudadanos que los 500 chavos que están colaborando en el DIF, que no son de ningún partido político? Ellos mismos se convocaron, ellos pueden dar fe”, expresó la noche del jueves, cuando un grupo de ciudadanos arrebataron el control de la bodega del organismo estatal al personal de ese organismo.
Su concentración fue sencilla. Un grito, un llamado, un video en redes sociales fue suficiente para acudir y desplazar a los funcionarios del organismo estatal. Jóvenes, en su mayoría, desplazaron a los servidores públicos y organizaron la distribución de donativos.
Pasada la medianoche fueron acusados de facilitar la pérdida de unas 90 toneladas de víveres porque sus controles de entrega y distribución fallaron y gran parte de los donativos no llegaron a sus destinos.
El comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, dijo que las cámaras de videovigilancia identificaron a unas 25 personas que desviaron el curso de las despensas y no llegaron a los lugares de necesidad.
Desde esa noche, el gobernador Graco Ramírez ha salido unas cuatro veces a cuadro en Facebook live para tratar de desmentir los señalamientos contra la presidenta del Sistema DIF, pero sobre todo para evitar perder la confianza de los donadores.
En conferencia de prensa, el comisionado de Seguridad Pública, aseguró que el Ejecutivo estatal actúa con total trasparencia en la entrega de apoyos y sostuvo que ese tipo de comentarios son parte de una campaña de desinformación.
“Esta campaña de desinformación puede traer consecuencias muy graves. Invitamos a todos los interesados: observadores, ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y académicos a venir a Morelos para que vean que estamos haciendo las cosas bien”, declaró.
Anunció también que aquellos funcionarios del gobierno que sean sorprendidos condicionando la entrega de apoyos serán castigados con todo el peso de la ley y vinculados a proceso, siempre y cuando, explicó, haya documentación y denuncia.
Su advertencia no apagó las voces de inconformidad, entre ellas la del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, quien denunció en redes sociales que tres camiones que traían víveres al seminario Caritas, en el municipio de Jantetelco, habilitado como centro de acopio, no lograron llegar a su destino y, autoridades estatales los obligaron a descargar el contenido en el DIF estatal.
En otro momento, Carlos Benítez, uno de los ciudadanos que defendió la toma de la bodega, cuestionó al jefe policial el “secuestro” de los camiones con víveres. “El protocolo normal en las instituciones es que cuando se entra en una situación de crisis, en cualquier parte del mundo, el gobierno debe asumir el control de la situación”, contestó el mando policial.
¿Por qué el DIF se atribuye la entrega de los apoyos?, le preguntaron los ciudadanos.
