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El gobierno de México expresó su preocupación por el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque arroja conclusiones sobre situaciones que se encuentran en este momento bajo proceso de investigación y análisis del Poder Judicial.
Respecto a la indagatoria, dijo que el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso”.
En un comunicado conjunto, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) destacaron que en los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul no se ha acreditado la comisión de tales actos.
“No obstante, se continúan realizando las diligencias correspondientes. Ello, aunado al hecho de que existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales”, señaló.
Para la dependencia el informe de la ONU, que señala que 34 procesados fueron torturados, no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso, por lo que manifestó su “especial preocupación” por conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de averiguaciones o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial.
“Este informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes. En este sentido, el comunicado no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso”.
Destacó que la ONU-DH “omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales [el Protocolo de Estambul]. Las pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe”.
La PGR recordó que en diversas reuniones de alto nivel con el representante en México de la ONU-DH se compartieron consideraciones “importantes sobre el contenido del informe, en particular en relación con su metodología y los vacíos de información que contiene, señalando que todas las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes”.
Indicó que el caso Iguala es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por el organismo.
La PGR reiteró que en las últimas semanas se ha allegado de información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas.
Insistió en que continuará trabajando con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH hasta el esclarecimiento de este acaecimiento.
