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El gobierno federal destacó que “por primera vez en la historia” la educación obligatoria incluyó la educación inicial de cero a dos años de edad con 11 meses y la educación superior.
“La educación es una condición necesaria para que la población alcance mayores niveles de bienestar y, por lo tanto, permita reducir la pobreza y mitigar los altos niveles de violencia que se vive en el país”, destaca el gobierno federal en el texto del Primer Informe constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que la política educativa, “impulse el desarrollo social, político y económico del país”.
En el apartado Derecho a la Educación. Diseño de la política educativa se destaca que el Poder Ejecutivo promulgó el 14 de mayo, las reformas a los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución para generar, “cambios fundamentales” en el mediano y largo plazos como la educación superior obligatoria, el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, que contará con autonomía técnica, y será dirigido por un consejo directivo de siete miembros, mismo que tendrá un consejo consultivo conformado por académicos y padres de familia.
“Se crea un Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, en el que la Federación tendrá la rectoría, así como un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, señala el texto.
A través de los cambios constitucionales se promueve que los planes de estudio incluyan asignaturas como ética, civismo, historia, geografía y cultura para que, “sean consideradas en igualdad de relevancia que las matemáticas; así como el deporte, las artes y las lenguas originarias”; así como la obligación del Estado mexicano de garantizar materiales didácticos, infraestructura educativa, mantenimiento y una política educativa diferenciada por zonas y regiones; así como establecer una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales.
“Para instrumentar los contenidos de la Reforma Constitucional de manera coherente y sistemática, el Congreso de la Unión expedirá las leyes secundarias necesarias en materia de educación para toda la República, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Y tendrán como objetivo fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas”.
En el marco de la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Secretaría de Educación Pública despidió a 622 trabajadores con plazas de mando, “lo cual representó un ahorro de 335.3 millones de pesos”, dio a conocer el gobierno federal.
En lo que corresponde a las medidas relacionadas con el gasto operativo, se aplicó una disminución de 30% y 50% en diversas partidas del gasto, reduciendo el presupuesto de recursos fiscales y de recursos propios de organismos descentralizados, en 542.9 millones de pesos al 30 de junio de 2019.
afcl
