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Por decisión unánime de los miembros del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas debe dar a conocer los informes presentados por el gobierno de Tamaulipas sobre recursos recibidos en 2019 .
Esto, tras la solicitud de un particular que requirió a la Comisión la versión electrónica de los informes presentados por Tamaulipas sobre los recursos ministrados en 2019. Y como respuesta, el sujeto obligado indicó que después de realizar una búsqueda en la Dirección General de Programación y Presupuesto adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob), la información era inexistente.
Además, el organismo, en un segundo momento, aseguró que la información existía pero estaba reservada por dos años, por lo cual el solicitante impugnó sus respuestas mediante recurso de revisión.
Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada ponente del caso, señaló que entre las más crudas expresiones de violaciones de los derechos humanos, se encuentra el fenómeno de la desaparición forzada.
Y puntualizó que en México, una persona desaparecida -según la propia definición de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas-, refiere a toda aquella persona cuyo paradero se desconoce y se presume que esto es consecuencia de cualquier delito, sin importar cuál sea, y que pueda incluir, por ejemplo, a víctimas de trata de personas, secuestro, homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, sustracción de menores, entre otros.
Agregó que en el país padece una crisis en materia de desaparición forzada, reflejada en las elevadas estadísticas de la materia; y de acuerdo con la Comisión de 2006 a 2019; se han registrado el 97.43% de los casos de desaparición forzada que equivalen a más de 60 mil personas desaparecidas.
Ibarra Cadena, además refirió que del 1º de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, se han contabilizado cinco mil 184 casos más de personas desaparecidas o no localizadas, siendo Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua las entidades más afectadas por este flagelo.
Cabe destacar que en 2019 el Gobierno Federal destinó un total de 400 millones 791 mil pesos para la coordinación de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 248 millones 881 mil pesos fueron entregados a 21 comisiones estatales, incluyendo para Tamaulipas 11 millones de pesos.
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