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La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, propuso exhortar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) a que traduzca los ordenamientos legales del ámbito federal a las principales lenguas indígenas del país, y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a realizar campañas de difusión de lo transcrito.
Ésto, debido a la necesidad de que los pueblos originarios conozcan sus derechos y obligaciones en materia federal.
La propuesta precisa que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2015, 6.6% de la población de tres años y más hablaba alguna lengua indígena, es decir, siete de cada 100 personas hablaban una de las 72 lenguas indígenas, lo que equivale a 7 millones 382 mil 785 personas.
De esta cifra, 13 de cada 100 sólo pueden expresarse en su lengua materna; se trata de indígenas que conservan apego a la cosmovisión y cultura tradicional, y es población que está próxima a condiciones desfavorables de marginación en términos de acceso a recursos, educación, salud y justicia.
Además, 43.2% de este sector no tiene escolaridad o cuenta con primaria incompleta, y existen 5.3 millones de indígenas de más de 15 años de los que 27% son analfabetas.
El documento explica que, de acuerdo con lo publicado en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta noviembre de 2015 la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 8 mil 412 personas: 7 mil 728 pertenecen al fuero común y 684 al federal. De ellas, 286 son mujeres y 8 mil 126 hombres.
“El nuevo Sistema de Justicia Penal está orientado a garantizar un debido proceso, a través de sus características medulares, que al ser acusatorio, oral y público protege el derecho a la igualdad”, dice.
No obstante, agrega, se ha observado que entre las problemáticas relacionadas con los indígenas en reclusión, que son independientes de su situación jurídica, se encuentra la falta de información sobre los derechos humanos.
