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Ciudad de México.- La decisión del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial sobre la imposibilidad jurídica para crear la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Ayotzinapa atenta contra el derecho de los familiares de los 43 estudiantes normalistas , afirmaron representantes de las víctimas, quienes indicaron que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitir el pronunciamiento definitivo.
El tribunal, a cargo del magistrado Sabino Pérez García con sede en Reynosa, Tamaulipas, publicó un acuerdo mediante el cual consideró “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República (PGR)” en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Noveno Circuito, que había ordenado la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, como un mecanismo extraordinario para investigar el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Los familiares de las víctimas del caso Iguala y las organizaciones que los representan lamentaron la decisión, que “atenta contra la verdad y la justicia” y lastima la esperanza que había sido recuperada con la histórica sentencia del Primer Tribunal Colegiado.
“El acuerdo publicado el día de hoy muestra que aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”
, condenaron.
Representantes de los familiares
afirmaron que “esta resolución es consecuencia de una acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”
, aseguraron.
Lamentaron también que el Tercer Tribunal haya cedido a la presión ejercida por el gobierno federal y manifestaron que aunque la resolución no se ha notificado a las víctimas, “su acuerdo indica que estimó que el cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado es imposible”.
Ante ese panorama, recordaron que ahora le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse de manera definitiva sobre la creación de la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad , por eso solicitan que ésta tenga una aproximación imparcial hacia el caso, porque “sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal en el caso Ayotzinapa ”.
mpb
