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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) denunció ayer en un informe que las autoridades encargadas del caso Ayotzinapa recurrieron a la detención arbitraria y la tortura en la etapa inicial de las investigaciones.
La máxima autoridad de Naciones Unidas en la defensa de las garantías individuales pidió al gobierno mexicano declarar nula toda prueba sustraída en un contexto de violación a las libertades fundamentales, al tiempo que llamó a castigar a los responsables y encubridores de los abusos.
“Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa”, declaró en un comunicado el alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Esta pauta no sólo constituye una violación de las garantías de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, agregó.
Para el titular del órgano con sede en Ginebra, los crímenes cometidos en Iguala son una tarea pendiente que pone a prueba la voluntad y capacidad del gobierno mexicano para combatir la impunidad.
“Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación”, dijo.
El documento de 65 páginas titulado Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, también expone las irregularidades cometidas durante las diligencias en el río San Juan, así como profundiza en algunas cuestiones clave abordadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El eje central de la investigación fue la revisión de 63 expedientes de las 129 personas procesadas con relación a los eventos ocurridos en la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala, profundizando en 34 casos (33 hombres y una mujer). El resultado exhibe que en 51 procesos hubo tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones a las garantías.
El representante en México de la ONU-DH, Jan Jařab, consideró que el Poder Judicial debe excluir del expediente las pruebas obtenidas bajo tortura en la investigación del caso Ayotzinapa.
“Al Poder Judicial se le llama a excluir todas las pruebas obtenidas por tortura y admitir los protocolos de Estambul u otros peritajes, como el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, dijo.
Jařab indicó que 34 de 129 detenidos por la desaparición de los 43 normalistas fueron torturados por elementos de la Agencia de Investigación Científica , Marina y de la Policía Federal.
En la sede de la ONU en México, el diplomático afirmó que si “no hay en contra de algún procesado otros elementos probatorios que las confesiones viciadas, sí debería salir libre.
“Pero es una decisión, en este sentido, que no es nuestra, evidentemente no podemos desear en el siglo XXI que una persona pueda ser sentenciada por una confesión bajo tortura.
“No estamos modificando lo que debería ser el desarrollo del proceso penal en un Estado de derecho, al contrario, estamos instando que se respete el Estado de derecho”, aseveró.
Jařab advirtió que lo que se documentó en el informe puede constituir una “doble injusticia hacia los procesados, por el derecho a la verdad de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa”.
Para el representante de la ONU-DH, las autoridades mexicanas han tenido una reacción “hostil” y a la defensiva, después de que el relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, presentó su informe.
“Parece que las autoridades han rechazado su diagnóstico, pero unos años después se logró que las recomendaciones del relator especial se incorporaran en el trabajo para la Ley General contra la Tortura, adoptada el año pasado”, subrayó.
Dijo que el objetivo del informe realizado por la ONU-DH es poder contribuir para que sea eliminada la tortura en México, como método de investigación.
“Esperamos que las autoridades tengan una reacción positiva hacia nuestras recomendaciones. Esperamos que el Poder Judicial excluya las pruebas obtenidas”, puntualizó.
El documento señala que personal de la ONU-DH examinó los casos de 63 de los 129 sujetos que acusaron tortura después de haber sido detenidos, entre ellos Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos; Agustín García Reyes, El Chereje, y Jonathan Osorio Cortés, El Jona.
Según su ampliación de declaración de los policías municipales de Iguala, Cocula, e integrantes de los Guerreros Unidos procesados, éstos fueron sometidos a golpes.
