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La reparación y renivelación de los edificios A, B y H de la Cámara de Diputados por los daños ocasionados por los sismos de septiembre del año pasado costará a los mexicanos 205 millones de pesos.
De ese total, 187 millones 147 mil 276 pesos corresponden al pago de la primera etapa de los trabajos de nivelación que contemplan los edificios que requieren atención prioritaria, como los A, B y H, cuyo plazo no debe exceder de diciembre de 2019.
El resto, 18 millones 800 mil pesos, equivale al contrato de arrendamiento de 60 oficinas móviles y cuatro unidades para baños, que son usados por 120 legisladores y un promedio de 400 empleados desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de agosto de 2018.
La contratación incluye la unidad móvil, sillas secretariales, fijas, escritorios, cajoneras, sistemas de aire acondicionado y seguro.
El edificio H fue el más afectado, por lo que actualmente se encuentra desocupado. Algunas de las 899 personas fueron reubicadas en las unidades móviles, de las cuales 215 son legisladores: 109 del PAN, 68 del PRI, y 38 del Partido Verde Ecologista (PVEM).
Debido a la falta de disponibilidad de edificios cercanos a la Cámara de Diputados, se solicitó como préstamo el inmueble de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que se ubica en avenida Morelos, en la colonia Juárez, donde fueron instalados 145 servidores públicos.
De acuerdo con información de la propia Cámara de Diputados, existe un déficit de espacios físicos para reubicar a 234 personas más.
La empresa que presta el servicio del arrendamiento de las 60 oficinas móviles, las cuales se ubican en el helipuerto del Palacio Legislativo de San Lázaro, es Forza Arrendadora Automotriz, S.A. de C.V., mientras que la de proveer las cuatro unidades móviles para baños es Structurall Sonora, S.A de C.V.
Mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con fecha del 4 de octubre de 2017, se contrataron los servicios de la empresa Pilotes de Control, S.A., que desarrolló el mecanismo de pilotes requeridos para la nivelación de los edificios, la cual realizará la primera etapa en las torres de los edificios A, B y H.
Dicha empresa obtuvo la adjudicación directa de la obra, debido a la urgencia y a los daños que sufrió la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el contrato, del cual EL UNIVERSAL posee una copia, los trabajos y obras de renivelación iniciaron el pasado 1 de noviembre de 2017 y concluirán el 31 de diciembre de 2019, es decir 26 meses de trabajo.
El 25 de septiembre pasado se declaró inhabilitado en su totalidad el edificio H, luego de que un peritaje determinó que el inmueble presentó un hundimiento de 30 centímetros mayor al previsto en la norma.
Por ello, los más de 800 trabajadores y los 215 diputados del PAN, PRI y PVEM que tenían sus oficinas en este edificio fueron reubicados a otros inmuebles, incluso, a algunos se les habilitaron oficinas en campers en el estacionamiento del llamado helipuerto.
El director responsable de obra para el gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Gutiérrez Rodríguez, precisó que no hay daños estructurales; sin embargo, algunos de los edificios presentan hundimientos y diferencias en su verticalidad, como es el caso del edificio H.
“El edificio H es el que no tiene cumplimiento de la norma. El dictamen estructural es de no habitable, para poder arreglarlo se debe reforzar lo que corresponde a la cimentación, es decir, se tiene que enderezar. De no hacerlo, [con] cualquier eventualidad podría inclinarse más y tener un riesgo importante de colapso”, especificó.
Los trabajos
El contrato se firmó el pasado 30 de noviembre de 2017 y se acordó que a la empresa adjudicada se le otorgará un anticipo de 30% del monto total de los trabajos, previa a la entrega de la garantía correspondiente. El anticipo se acordó para ser pagado en dos exhibiciones, la primera por 20% durante el ejercicio fiscal del año pasado y la segunda correspondiente a 10% en el mes de enero de 2018.
Dichos porcentajes, se establece en el contrato, se amortizarán proporcionalmente en las estimaciones mensuales durante el plazo total de ejecución de los trabajos, los cuales concluirán hasta el 31 de diciembre de 2019. Los demás pagos se realizarán, en lo sucesivo, con una periodicidad de 30 días.
Sin embargo, el contrato condiciona el pago en los ejercicios fiscales de 2018 y 2019 y quedarán sujetos a la disponibilidad presupuestal de dichos ejercicios en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Norma de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Cámara de Diputados.
Para garantizar la correcta inversión del anticipo o su devolución, el contratista está obligado a otorgar una póliza de fianza expedida por una institución debidamente autorizada, por 100% del anticipo concedido.
El director responsable de obra emitió recomendaciones específicas para atender los daños ocasionados, entre ellas “llevar a cabo diversas acciones preventivas y correctivas de carácter ‘inmediato’ en materia de nivelación y descenso homogéneo de los edificios”, detalla el documento.
Actualmente se encuentra en revisión el proyecto ejecutivo, para la calendarización de la implementación de los pilotes de control. A la fecha, ya se colocaron 24 para fincar los primeros pilotes en el edificio H y está en elaboración el proyecto de los otros dos edificios.
Fuentes de Comunicación Social de la Cámara de Diputados confirmaron la nivelación de los edificios con la intención de prevenir riesgos en la integridad de quienes los habitan, así como en el uso de oficinas móviles, para no interrumpir las actividades tanto legislativas como administrativas y continuar con el mantenimiento de los inmuebles.
Los dictámenes señalan que debido a la particularidad de la zona estratigráfica en la que se encuentra ubicada la Cámara Baja, entre las recomendaciones destacan que se dote de un sistema que garantice la verticalidad, el correcto nivel de acceso y una operación extensiva a toda vida útil de los inmuebles.
“Por eso es que la propuesta de solución que garantiza la seguridad de los usuarios de las instalaciones del recinto legislativo es la de implementar el sistema de pilotes de control, ya que es el único sistema que garantiza controlar los hundimientos diferenciales y logra la verticalidad de los edificios en un plazo determinado y de manera permanente.
“Aunado a ello, dicho sistema es compatible con algunas de las propuestas generadas por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su área de geotécnica, quienes lo certifican como un sistema ‘extremadamente completo’, que permitirá controlar los hundimientos y enderezar las estructuras”, resalta el texto.
Para la elaboración del dictamen de seguridad estructural, la Cámara de Diputados contrató a Grupo CIVA y Sismotecnia e Ingeniería, S.A. de C.V., el cual incluye las condiciones estructurales de los edificios, revisión topográfica respecto al registro de hundimiento de todos los edificios y la revisión de condiciones generales de los inmuebles sobre los detrimentos provocados por los sismos.
Pilotes de Control S.A. está obligada a contratar un seguro de responsabilidad civil por al menos 10% del monto pactado con la Cámara de Diputados.
En la cláusula décimosegunda del contrato se establece que Pilotes de Control S.A. está obligada a respetar y cumplir en forma absoluta con la renivelación topográfica inicial, suministrará y colocará los plomos en aristas y puntos que más convengan del edificio y lecturas de desplomes.
También realizará “el levantamiento físico del edificio y elementos estructurales, que contempla una inspección ocular del estado físico de los elementos estructurales, levantamiento dimensional de losas, trabes y columnas, reporte fotográfico, así como un informe”.
Además, debe “realizar un levantamiento físico de todas las instalaciones que pasan entre cuerpos y trincheras, lo que servirá de base para verificar si existen holguras en las instalaciones o recomendar juntas flexibles para que durante el renivelado no se dañen o rompan. El levantamiento contempla el uso del equipo de seguridad y mano de obra calificada, incluye equipo y herramienta”, detalla el documento.
También se establece que se aplicarán sanciones por retrasos en las fechas pactadas por la ejecución de los trabajos y será “una pena convencional determinada en función del o los trabajos no realizados”.
La Cámara Baja podrá rescindir el contrato si se suspenden injustificadamente los trabajos o se niega a reponer alguna de las partes que hayan sido mal ejecutadas.
