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Entre febrero de 2017 y enero de 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) erogó 202.4 millones de pesos en reparación integral del daño, asistencia y ayuda de mil 810 víctimas de violaciones a los derechos humanos y delitos por autoridades federales.
Esta cantidad representa un incremento de 39.4% respecto a lo gastado en el mismo periodo de 2016, presumió el titular del organismo, Jaime Rochín del Rincón, quien este mes cumple un año de haber sido nombrado en el cargo para un periodo de tres años por el Senado de la República.
Rochín del Rincón aclaró que la CEAV es un organismo descentralizado de la administración pública federal no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, encargado de fungir como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Explicó que la distribución de competencias entre la CEAV y los estados es uno de los mayores retos, porque, dijo, en la concertación de recursos, la comisión gestiona la ayuda, pero es la entidad la que decide el uso y destino de los fondos económicos.
Otro problema que enfrenta la institución, expuso Rochín del Rincón, es la atención de casos del fuero local, puesto que “la capacidad operativa con la que cuentan es limitada, enfrentamos un déficit de 3 mil 333 asesores jurídicos de víctimas en el país”, recordó.
Indicó que la Ley General de Víctimas obliga a los estados a atender a los afectados mediante la celebración de convenios entre la CEAV y las entidades, y la constitución de sus fondos de ayuda, asistencia y reparación.
El funcionario aseguró que con ello se consolidan sus sistemas estatales de atención a víctimas, por lo que ofreció respaldo a éstos.
El comisionado ejecutivo afirmó que la atención a víctimas debe ser una política de Estado, puesto que es una tarea de grandes proporciones, que, añadió, “requiere de esfuerzos en la misma magnitud, por lo que no pueden circunscribirse a un ámbito, personaje o institución”.
La semana pasada, Rochín del Rincón se reunió con senadores integrantes de las comisiones unidas de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación de la Cámara Alta, para informales las acciones que se han llevado a cabo en la institución.