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Uno de los dos sindicatos fantasma o “de papel” que lavaron más de 520 millones de pesos recibió recursos de procedencia ilícita de una empresa que presuntamente defraudó a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y de un gremio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que son actualmente investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Además de que en la campaña del Partido Acción Nacional (PAN) por la gubernatura de Coahuila en 2017 se le acusó de operar la entrega de 60 millones de pesos para la coacción del voto en esa entidad.
El Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana, del cual se ostenta como líder Eduardo N, con antecedentes de narcotráfico en Canadá, presuntamente recibió y operó recursos de procedencia ilícita de parte de la compañía Asesoría Integral San Petesburgo S.A. de C.V., a la cual se le acusa de defraudar a la UAN con 70 millones de pesos, aproximadamente.
Documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan que el sindicato fantasma mantuvo relación con la empresa Asesoría Integral San Petesburgo S.A. de C.V., pese a que esta última se encontraba en la lista de personas y empresas bloqueadas por presuntas actividades ilícitas, aunado a que la organización gremial que existía únicamente en el papel operó 10% de los recursos que recibió en la cuenta 9532422929 de Banamex.
A esta empresa, ligada a Eduardo N, actualmente se le mantienen bloqueadas y congeladas todas sus cuentas bancarias conforme a lo dispuesto en el acuerdo número 151/2016 de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Paralelamente, esa misma oficina de la SHCP la denunció ante la PGR, de acuerdo con el oficio 110/F/A/279/2017 y a raíz de esa acción la dependencia federal abrió una carpeta de investigación.
Acciones contra la UAN
La compañía aparece como parte de una serie de acciones fraudulentas realizadas presuntamente por autoridades y particulares en la UAN, puesto que en 2015 supuestamente se le contrató para realizar el pago de los aguinaldos a los empleados de esa casa de estudios, por lo cual cobró casi 70 millones de pesos; sin embargo, en esa institución de educación superior no consta ni el contrato ni el tipo de servicios prestados por la empresa.
De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015 del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Nayarit, la UAN, bajo el rectorado de Juan López Salazar, omitió entregar los contratos originales celebrados con Asesoría Integral San Petesburgo S.A. de C.V.; aparentemente se acordó que por encargarse del pago de los aguinaldos de los empleados de esa casa de estudios se le pagarían 69 millones 737 mil 891 pesos.
El rector y sus subalternos no anexaron documentación alguna para sustentar los pagos hechos a la compañía, realizados mediante dos transferencias bancarias, indica la pesquisa.
Presuntamente cometió errores en la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Órgano Superior de Fiscalización tampoco entregó la documentación sobre la autorización, el objeto, vigencia, bien o servicio a otorgar. La compañía que aparentemente realizó trabajos para la Universidad Autónoma de Nayarit no se encontraba en el padrón de proveedores autorizados por la institución.
Una segunda auditoría realizada por el despacho Salles Sainz Grant Thornton concluyó que la UAN pagó el aguinaldo a sus trabajdores a través de un tercero denominado Asesoría Integral San Petersburgo S.A. de C.V. Esta empresa cobró 5.7% del pago total y no se encontró documentación sobre el pago del ISR retenido a los empleados.
El nexo con la CTM
Además, el Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana mantuvo relación con otro gremio investigado por la PGR: se trata del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transporte en General, Construcción, Acarreos, Fabricación, Demolición, Trituración y Similares de la República Mexicana, de la CTM, al que se acusa del presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A esta organización cetemista se le congelaron sus cuentas bancarias mientras se litiga su caso en diversos tribunales federales del país.
La liga con los comicios en Coahuila
Otro caso en el cual se involucró al sindicato “de papel” tiene que ver con el proceso electoral del año pasado en Coahuila: se le acusa de recibir y también de operar 60 millones de pesos, aproximadamente a través de tarjetas de nómina de Banorte, en las que se hacían depósitos con las que presuntamente hubo compra de votos en la entidad en favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, Guillermo Anaya.
En estas acciones denunciadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la Fiscalía Especializada para la Atención y Delitos Electorales (FEPADE) aparece nuevamente la figura de Eduardo N, quien a través del sindicato fantasma que dirigía fue el encargado de recibir el dinero y dispersarlo mediante 6 mil tarjetas de nómina, en las que depositaba a más de 6 mil personas alrededor de 2 mil 500 pesos por semana.
En esta operación sirvió de fachada el Sindicato de Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana que fabricó Eduardo N, empresario que en 2010 fue detenido en Canadá junto con dos personas más acusadas de traficar más de 200 kilos de cocaína y además 60 kilos de metanfetaminas.
Comicios cuestionados
Las elecciones de Coahuila las ganó el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme; sin embargo, fueron severamente impugnadas por el aspirante del PAN, Guillermo Anaya, caso que se tuvo que resolver ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante y después de la elección en Coahuila, el PRI anunció que presentó denuncias ante la FEPADE, PGR, SHCP y el IMSS, pero hasta ahora no se han dado resultado de esas querellas que implicaban al PAN, a su candidato y al sindicato de Eduardo N en operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y crimen organizado.
