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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que 71% de las víctimas de trata son mujeres y expresó su preocupación por la falta implementación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Llamó al gobierno a continuar el trabajo en la materia.
Según el Informe Global sobre Trata de Personas 2016, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 71% de las víctimas son mujeres, y 20% de éstas son niñas. En la modalidad de explotación por género, 96% de las víctimas son niñas y mujeres, sólo 4% son niños y hombres.
A seis años de que se aprobara la ley y con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, “la CNDH observa la falta de mecanismos del gobierno para asegurar su implementación, y pocos esfuerzos para garantizar a las víctimas los derechos en materia de identificación, reinserción y reparación del daño”.
“Los derechos a la reparación del daño, salud, educación y a no ser sometido a trata de personas, siguen sin ser garantizados”, indicó.
Destacó que aunque se han dado avances para dar a conocer el tema y existe interés en capacitar a los servidores públicos, la institucionalización de los protocolos, la atención a víctimas y la sistematización de datos representan aún un reto, además de que el cumplimiento de las obligaciones que señala la ley por parte de las autoridades varía considerablemente entre unas y otras.
El organismo reconoció que la mayoría de las entidades tienen una legislación aprobada, comités interinstitucionales y alguna fiscalía especializada para la investigación de ese delito; sin embargo, se carece de programas para la rendición de cuentas, presupuestos etiquetados y de políticas sociales dirigidas al combate de las causas de la trata de personas como la desigualdad, discriminación y violencia.
Exhortó al gobierno a ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y continuar con los esfuerzos para institucionalizar la prevención, detección e inspección de la trata de personas en campos agrícolas, con perspectiva de género y de protección de los derechos de niños y adolescentes.
