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La consulta que está llevando a cabo el gobierno electo “es una consulta ciudadana ”, que favorece los procesos democráticos y la participación, sin embargo, “no es una consulta que esté tutelada por ninguna ley ”, aunque esto no significa que sea ilegal , señaló el abogado especialista en medio ambiente y director de Igual Consultores, Juan Pablo Gudiño Gual.
El gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo, este 24 y 25 de noviembre, la consulta ciudadana para conocer el punto de vista de los mexicanos sobre 10 puntos esenciales que abarcan diversas obras de infraestructura como el Tren Maya y una refinería en Dos Bocas Tabasco , así como programas sociales que incluyen becas a estudiantes y aumentar al doble la pensión a adultos mayores de 68 años o 65, en caso de ser de comunidades indígenas.
“La palabra consulta en sí misma parece que es un equívoco porque tiene muchos significados”, hay un tema de confusión entre las que existen, dijo el abogado en entrevista con este diario.
Por esa razón, a continuación te explicamos cuáles son las diferentes consultas que existen en México:
En el país hay cuatro tipos de consulta, por un lado está la Consulta Indígena del Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) que es un derecho humano para pueblos y comunidades indígenas, “que abre la puerta a los derechos de participación e información previa y libre”, dijo Juan Pablo Gudiño quien ha participado en más de 30 procesos de este tipo.
La consulta indígena la debe de realizar la autoridad responsable de emitir el permiso o autorización en la materia específica como podría ser la de medio ambiente . En el caso del Tren Maya , se tendría que llevar a la consulta indígena el tema del impacto ambiental respecto del tren y también”, si se va a hacer cambio de suelo o algún otro acto administrativo”, indicó.
Para las consultas indígenas , Gudiño Gual considera que no hay una infraestructura sólida , presupuesto suficiente ni las instituciones encargadas de hacerlo. Aunado a que no hay una ley de consulta indígena que establezca los procedimientos que deben de llevarse a cabo.
“El no hacer una Consulta Indígena implicaría una decisión hasta cierto punto autoritaria, porque la Consulta Indígena no significa que haya un permiso de los indígenas o el visto bueno, sino su consentimiento porque hay un proceso de negociación y hay beneficios sociales compartidos para ellos”, apuntó el consultor.
La segunda es la Consulta Pública en materia de impacto ambiental que sigue el procedimiento que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente , la cual establece que se publicará un extracto del proyecto y si un particular está interesado en conocerlo, se hace una reunión de información pública y se explica el mismo, señaló el director de Igual Consultores.
En el tercer sitio se encuentra la Consulta Popular del artículo 35 constitucional que en su fracción VIII, la cual explicó que establece una serie de requisitos que se deben de llevar a cabo, entre ellos, que deben ser temas de relevancia nacional y que debe ser convocada por el Congreso de la Unión apoyado por el Instituto Nacional Electoral.
En cuarto lugar está la Consulta Ciudadana como la que se realizará este fin de semana, Juan Pablo Gudiño Gual enfatizó que es vinculante si así lo decide quien la promueve, “porque como no es un proceso que esté tutelado por la legislación, ello implica que se puede hacer caso o no del resultado de la consulta”, porque es un ejercicio de participación ciudadana.
Para que esta figura tenga una mayor formalidad, el especialista recomienda “una reforma para establecerla como un derecho fundamental”, en el artículo 35 constitucional dentro de los derechos de la ciudadanía, para proyectos de infraestructura impulsados por el Estado mexicano.
“Aunque eso no lo libra de hacer la Consulta en Materia Ambiental , si alguien la pide, y tampoco lo libra de hacer la Consulta Indígena para el caso de que los proyectos estén en territorios indígenas”, añadió el abogado.
Al finalizar externó que los temas de consulta en el país “llegaron para quedarse” , entonces hay que construir el andamiaje jurídico, institucional y de derechos que logre que se desahoguen los procesos bajo reglas claras, y sobre todo que otorguen certidumbre a las comunidades, desarrolladores, sociedad e industria.
mpb
