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El Estado ofreció una disculpa pública a la periodista y activista de los derechos humanos Lydia Cacho Ribeiro, criminalizada en 2005 por ejercer la libertad de expresión, en cumplimiento de una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Al respecto, el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, comentó: “Esta es una muestra clara de lo que ha dicho el Presidente tantas veces: ‘La mejor política exterior, es la política interior’”.
Entrevistado al término del evento, en la Secretaría de Gobernación, De la Fuente Ramírez destacó que el cumplimiento cabal de la resolución de la entidad de Naciones Unidas, “marca la pauta de nuestra relación con el Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Esta va a ser la forma de interactuar con ellos: vamos a atender sus recomendaciones”, enfatizó.
Luego de ofrecer la disculpa pública del Estado a Lydia Cacho Ribeiro, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció: “El inicio de la política de Estado comprometida con quien se dedica a informar.
“Este es un momento adecuado para reflexionar sobre el valor que para nuestra democracia y para la Cuarta Transformación representa la libertad de expresión”, señaló.
Dio a conocer esta política de libertad de expresión y de prensa ante Cacho Ribeiro; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; el embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente Ramírez; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el representante adjunto de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios.
Entre los invitados destacaron Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Miguel Concha Malo.
Cacho Ribeiro fue encarcelada por su investigación de explotación sexual, Los demonios del Edén, que dejó al descubierto una red de complicidad de autoridades con personajes de poder económico.
Tras aceptar la disculpa pública, emplazó al gobierno a crear un verdadero Estado de derecho.
Citó casos en los que la persecución de responsables de delitos están impunes, como en Atenco y la Guardería ABC, y expresó su decisión de dedicar su vida a los derechos humanos.
Sánchez Cordero, en su mensaje en el Salón Revolución del Palacio de Cobián, señaló que “el quehacer periodístico no es ajeno a las condiciones de desigualdad social existentes. Su ejercicio da voz a grupos vulnerables, como las poblaciones marginadas, niñas, niños y mujeres en condición de trata e indígenas”.
Por eso, dijo, es indispensable asegurar el ejercicio periodístico: “Para ello, desde lo que en algún momento fue el espacio de censura, como fue Gobernación, defenderé que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar.
“Casos como el que aquí nos reúne nos recuerda lo complicado que ha sido escribir alejados del periodismo mágico e irreal, el que pregona que las cosas van bien cuando no es así”.
Lamentó que mientras que en otras latitudes se reconoce el ejercicio periodístico, en 2018, en alto contraste, México fue el país con más periodistas asesinados.
La titular de Segob, Sánchez Cordero, manifestó el compromiso de que “nunca más en esta Secretaría de Gobernación la censura ha de tener cabida”.
Por su parte, el subsecretario Encinas Rodríguez, tomó la palabra y se dirigió a Lydia Cacho Ribeiro para informarle: “A nombre del Estado mexicano, le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho, su derecho a la libertad de expresión”.
Encinas Rodríguez añadió: “Le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia, por parte de la autoridad.
“Le ofrezco una disculpa pública por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso.
“Le ofrezco una disculpa por la impunidad y corrupción alentada por instituciones de los diversos órdenes de gobierno que le impidieron acceder de manera pronta, imparcial y efectiva a su derecho a la verdad y a la justicia”, concluyó.
