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Una organización de la sociedad civil busca amparar a diferentes colegios públicos del país para obligar a las autoridades educativas a repararlos y garantizar a los alumnos las mejores condiciones para recibir el nivel básica.
Mediante la tramitación de amparos en los que los niños acudan ante los jueces federales, la asociación Renace busca visibilizar los problemas de infraestructura que tienen diversos planteles, mismos que, de acuerdo con sus argumentos, impactan directamente en el desarrollo de los menores.
Luego de lograr un caso de éxito en San Luis Potosí, la organización se alista para presentar demandas en 10 estados del país.
Las entidades federativas en las que los niños y sus padres han decidido participar son Oaxaca, Yucatán, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Durango, Estado de México y Michoacán.
“No se tramitarán como amparos colectivos, porque con uno sólo se puede beneficiar a toda la escuela. El argumento central es que se están violando leyes en materia educativa y garantías fundamentales a los niños que acuden a esos planteles”, explicó José Mario de la Garza, abogado integrante del equipo legal que impulsa la iniciativa.
“Lo que estamos haciendo es buscar las escuelas que están en peores condiciones para poder documentar y justificar la necesidad de repararlas. Ahí nos estamos acercando a los padres de familia para que sean sus hijos, representados por ellos, quienes soliciten el recurso”, detalló a EL UNIVERSAL.
Caso San Luis Potosí
Luego de realizar la búsqueda de una escuela que necesitara urgentemente reparaciones, la organización Renace, capítulo San Luis Potosí, A. C., detectó la primaria José María Pino Suárez, ubicada en la localidad de San José del Barro, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a la que acuden cerca de 400 niños y niñas.
La asociación documentó la presencia de salones cuyos techos estaban a nada de caerse sobre los alumnos, quienes además debían ir a letrinas en lugar de utilizar baños adecuados.
Por ello, a través de la página change.org inscribió una petición dirigida a diversas autoridades educativas estatales y federales, con el objetivo de que atiendan inmediatamente las deficiencias de las instalaciones y mobiliario de la escuela.
Hasta ahora la petición ha logrado reunir 107 mil 479 firmas, de las 150 mil que se tienen como meta.
Además, una de las alumnas, representada por sus padres, tramitó un amparo indirecto contra los secretarios de Educación federal y estatal, así como a las juntas directivas de ambas dependencias.
El recurso también está dirigido a los directores nacional y local del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), el gobernador de San Luis Potosí, el inspector de la Secretaría de Educación estatal en la zona y la directora de la escuela..
En su demanda, los padres de la alumna indicaron que ha recibido clases en un lugar que anteriormente era usado como bodega del colegio, el cual tenía grietas, cuarteaduras, piso de cemento y el techo estaba tan inclinado que parecía que iba a caerse.
Asimismo, señalaron, en el salón había cables de luz tirados en el piso al alcance de los niños, que ponían en riesgo tanto la integridad de la niña como la de sus compañeros.
“Nuestra hija cuenta con cuatro baños en la escuela: dos para los niños y un par para las niñas; sin embargo, son de letrina o de fosa séptica y actualmente dos han sido utilizados como bodega”.
Por ello, la menor únicamente puede utilizar los restantes, los cuales comparte aproximadamente con más de 60 niños, quienes en muchas ocasiones carecen de agua para la descarga, por lo que nuestra hija se ve obligada a llevar agua de una cubeta”, refiere la demanda.
Una vez que las autoridades escolares fueron notificadas de la presentación del recurso, se difundió entre los padres de familia el rumor de que el inmueble cerraría a menos de que la alumna retirara la acusación.
Los familiares de la niña no lo hicieron y en el amparo, admitido por el juez Octavo de Distrito en San Luis Potosí, el pasado 29 de mayo, se concedió la suspensión definitiva para que el colegio sea reparado.
“Es jurídicamente posible conceder la medida con esos efectos, pues en el supuesto se reconstruiría, rehabilitaría y daría mantenimiento a la escuela de mérito.
“A la par de que existen circunstancias que podrían poner en riesgo la integridad física y salud de la infante citada, por lo que atendiendo al interés superior es menester tomar las medidas pertinentes para evitar que se defrauden los derechos de la misma”, indicó el juzgador que resolvió el asunto.
También ordenó a las autoridades responsables verificar de manera inmediata la infraestructura física del plantel y que ésta sea óptima para que la menor reciba educación.
“Que las instalaciones de la misma no representen un riesgo para la integridad física de la menor, sean salubres y además cuenten con todos y cada uno de los elementos necesarios para que dicha infante pueda acceder debidamente a su derecho a la educación de manera íntegra y segura”, precisó el juez en su resolución.
Actualmente, las autoridades escolares han realizado diversas mejoras, iniciando con la reparación de los techos y de los baños.
“Ya vimos que nos resultó en este caso y queremos replicarlo poco a poco en otros estados de la República.
“Pondremos a disposición de cualquier abogado o padre de familia la demanda para que la puedan adecuar a sus escuelas, queremos amparar a las escuelas”, concluyó José Mario de la Garza, abogado integrante del equipo legal de la organización Renace.
