Atender la violencia que se genera en contra de las mujeres requiere una real colaboración entre los tres órdenes de gobierno, llenar vacíos legales y que la instancia encargada del tema sea reconocida, consideró la titular de la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos.
En entrevista, la funcionaria federal urgió a tomar medidas eficaces para atender esta violencia, que hoy se genera desde los hogares.
La entidad más peligrosa para las mujeres, comentó, es Colima, y la que presenta mayores denuncias sexuales, Nuevo León.
Sin embargo, advirtió, hay entidades que no registran violencia alguna en contra de ellas, como lo es Baja California Sur, lo que no quiere decir que no ocurra algo.
¿Cuál es el balance sobre la violencia contra las mujeres?
—Nosotros estamos haciendo una revisión muy seria de cómo es la violencia en cada estado.
En la Ciudad de México, por ejemplo, la que más se denuncia es la familiar. No es la entidad con más feminicidios, pero hay que analizarla, porque ese extremo —el feminicidio— es por una cadena de violencias acumuladas, y la familiar desencadena siete de cada 10 asesinatos de mujeres.
Yo creo que el problema no se ha atendido de manera profesional, cultural y gubernamental.
¿El estado más peligroso?
—El estado más peligroso para las mujeres en términos de homicidios dolosos, es Colima, aunque Nuevo León es el que tiene más denuncias en términos de violencia sexual.
¿Qué es lo que pasa en la Ciudad de México?
—La alerta de la Ciudad de México se propuso en 2017. El grupo de trabajo evaluó hasta el 4 de diciembre de 2018, pero la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México nos pidió que se evaluaran las acciones del 5 de diciembre de 2018 a junio de 2019, que eran muchas más que antes; no obstante, las académicas del grupo proponían la alerta de violencia de género.
Nosotros les dijimos lo mismo que a todos los estados: démosle seis meses de cumplimiento. Además, con el gobierno de la Ciudad de México nos comprometimos a que cada tres meses íbamos a evaluar las acciones.
Sin embargo, quienes fueron las peticionarias se ampararon ante un juez y él declaró que sí procedía la alerta. Revisamos todo con la secretaria de Gobernación [Olga Sánchez Cordero] y el gobierno de la Ciudad de México el dictamen que dio el juez, la solicitud de amparo, y el jurídico señaló elementos que a la secretaria le parecieron muy importantes.
Ella planteó que no nos pueden obligar a dar recursos para la alerta si los estados y municipios no ponen y que las peticionarias no podían ser juez y de la alerta, pues sería un conflicto de intereses.
Decidió que se debía interponer un recurso con el principio de que no nos negamos a declarar la alerta en la Ciudad de México, y tampoco la jefa de Gobierno se opone, simplemente necesitamos revisar las acciones.
El tema es delicado...
—Debemos reconstruir todo el tejido social. Las acciones de alerta deben ser de emergencia, concretas y focalizadas en violencia de género, porque hoy tenemos las llamadas de auxilio al 911, pero las tenemos que georeferenciar; por otro lado, estamos intentado analizar los feminicidios en retrospectiva: por qué se dio, qué pasó antes.
¿En qué se ha avanzado?
—En que las mujeres denuncian cada vez más; creen que la justicia puede ser una opción. No obstante, no hay una red de apoyo que permita proteger a las mujeres.
¿Qué le falta a la Conavim?
—Reconocerle la capacidad normativa en materia de violencia contra las mujeres y que se fortalezca con recursos públicos y personal, porque somos muy pocos.
