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Ciudad de México.- Hay un riesgo de que en México las políticas contra la discriminación se conviertan en sólo un paliativo, debido a la profunda desigualdad que existe, alertó Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
El funcionario participó en la inauguración del Curso Internacional de Alta Formación (CIAF): “A 15 años de política antidiscriminatoria: datos sociodemográficos, avances y desafíos”.
Indicó que el organismo “está convencido de que se necesita un quehacer institucional antidiscriminatorio que promueva, garantice y proteja los derechos humanos”.
Por ello habló de los tratados internacionales en derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Económicos, el de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, entre otros.
Destacó que la adopción de estos tratados comenzó a mediados de los años 60 y se han seguido instalando hasta el siglo XXI, y aunque hay avances respecto a las personas con discapacidad, hace falta proteger más a los miembros de la comunidad LGBTTTI.
Explicó que “esas recomendaciones representan el hilo conductor de abogacía en materia de políticas públicas”, las cuales se complementan con otros mecanismos internacionales de derechos humanos, como las relatorías especiales y los grupos de trabajo.
“Hay que reconocer que ni siquiera con las mejores recomendaciones resulta fácil cambiar las políticas, porque muchas veces se enfrentan resistencias a fuertes intereses económicos, políticos o simplemente a la falta de interés o de conocimiento”, mencionó.
Jarab expresó que la implementación de políticas públicas contra la discriminación y para enfrentar la desigualdad necesitan ser efectivas y no sólo algo compensatorio para quienes enfrentan esos flagelos.
“No se trata sólo de una pequeña política aparte, sino de la no discriminación como parte integral de todas las políticas públicas con gran alcance económico. Lo destaco porque hay un riesgo, no sólo en México, de que las políticas de no discriminación se conviertan en un paliativo, una pequeña compensación a las víctimas de las políticas dominantes que siguen favoreciendo a las categorías poderosas en contra de los que pertenecen a categorías desfavorecidas”, enfatizó.
“En México con su desigualdad socioeconómica profunda, con su pesada herencia clasista, de prejuicios raciales y de género, el riesgo me parece aún más grande de que las políticas públicas contra la discriminación o de derechos humanos se queden como algo compensatorio”, alertó.
Dijo que hay que prestar atención a la discriminación estructural y retomó la Agenda 2030, que tiene 17 puntos para el desarrollo y toma en cuenta que la desigualdad no sólo es entre los países, sino en el interior de las naciones.
Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), informó que en el curso están inscritas más de 200 personas de 21 estados de el país y que “el objetivo es generar herramientas concretas que se puedan transformar en políticas públicas que permitan cambiar la realidad de las personas del país”.
Recordó que se presentó hace poco la Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México (Enadis) 2017, que permite conocer el tamaño total de la problemática y también detectar cómo se agudiza en ciertas zonas del país.
“En México no hay condiciones para la igualdad, lo que vemos es brechas de desigualdad muy profundas”, las cuales afectan principalmente a personas indígenas y con discapacidad, indicó.
Haas Paciuc resaltó la estigmatización contra los jóvenes, que “es preocupante”, porque ellos representan un sector importante respecto a tamaño en el país, también dijo que persiste la discriminación a las personas de la comunidad LGBTTTI, pero “es alentador” que hay avances en la aceptación de algunos temas como el matrimonio igualitario.
Enfatizó que “se necesita que las personas conozcan sus derechos y los puedan exigir” y para lograrlo agregó que la política pública debe ser integral, “no se trata de una agenda marginal, sino que las políticas se conciban desde la agenda de derechos humanos”.
Teresa González Luna, directora de la Cátedra UNESCO de Igualdad y no Discriminación, Universidad de Guadalajara, dijo que el curso permite conocer la realidad de los derechos humanos y de la discriminación en México, lo que da elementos para “pensar juntos en acciones, políticas y medidas que permitan transformaciones, para que todos los mexicanos tengan la oportunidad de gozar de todos sus derechos”.
Pedro Mouratian, ex interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI-Argentina) y director del Área de Diversidad del Centro de Estudios para la Gobernanza, indicó que hay que remar contra un mar de prejuicios que hay en las sociedades y que el Conapred debe seguir consolidándose en esa labor.
Resaltó los resultados de la Enadis 2017, que “permite ver que esas conductas se repiten a lo largo y ancho de nuestros países” y que todos los ciudadanos contribuyen a reproducir las actitudes de discriminación, porque es una cuestión cultural que se puede cambiar, pero requiere del trabajo de todos.
