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Ricardo Bucio Mújica llegó al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) con una meta clara: modificar la cultura política e institucional adultocéntrica del país, aquella donde la voz de los niños y adolescentes permanecía invisible.
A tres años de distancia, el Secretario ejecutivo del Sipinna reconoce que hay muchos pendientes, pero destaca que los avances en el proceso de construcción de una política integral de infancia pueden considerarse acelerados, luego de años de omisión en el tema por parte del Estado. Entre los avances señala la creación de sistemas de protección en más de mil 500 municipios del país y la concreción, en menos de un año, de las 32 leyes estatales derivadas de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en diciembre de 2014, que tiene entre sus mandatos generar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental, para que este grupo vulnerable ejerza sus derechos humanos, ya no como objeto de asistencia, sino como sujeto de derechos.
“Terminaremos la gestión con definición de indicadores y metas, objetivos insertados en la única agenda que va a continuar México como Estado y está comprometida con la Agenda 2030 de Naciones Unidas”.
La construcción de políticas públicas específicas es un proceso que va a tardar, sin duda, porque requiere construir un nuevo paradigma donde todas las autoridades tienen que hacerse cargo, asume Bucio Mújica.
“Tenemos una propuesta de intervención en temas particulares a los gobiernos estatales, para identificar y canalizar a niños que están fuera de la escuela, niñas embarazadas para que se atiendan y eviten la muerte perinatal, a niños que hacen trabajo peligroso o están en basureros, a pandillas de menores de edad, toda una serie de situaciones que están por todo el país y ya nos acostumbramos a ver como parte del panorama”.
El ex titular del Conapred explica que el DIF atiende situaciones muy específicas, pero no resuelve los casos de violaciones a derechos humanos de los niños migrantes y refugiados, situaciones que tiene el país además de algunas nuevas, como la pornografía infantil, la trata de personas y el turismo sexual. “Nunca fue agenda del DIF ni de ninguna otra dependencia, crecieron estos fenómenos de manera grave y no hay autoridades que intervengan”, dice.
¿Dónde estamos parados en México en relación con la violación de los derechos de este grupo?
—Tenemos casi el mejor marco legal de toda la región. El diseño del Sipinna es el más grande que tiene América. Se mete con el Poder Judicial, le da tareas al Poder Legislativo, tiene que ver con sociedad civil y con el Poder Ejecutivo, pero empezamos muy tarde este proceso. El sistema de Brasil cumplió 25 años cuando nació el nuestro. Tenemos capacidad institucional, presupuestos y fuerza de acción, lo que no ha tenido es ni el mecanismo de articulación ni el ojo puesto en los niños.
Hay una percepción casi generalizada que priva en el país, aunque se va desmontando lentamente: que los niños están en mejores condiciones que los adultos y que los grandes problemas que vive el país afectan a los adultos y no a los niños, como la violencia de género, la pobreza o la violencia social, las adicciones, la presencia del narcotráfico, aunque los indicadores nos dicen otra cosa. Según el Coneval, hay más carencias en niños y adolescentes por la pobreza que en la población adulta, por ejemplo.
Tenemos niveles muy altos de violencia intrafamiliar, de homicidios a niños y adolescentes, y tenemos el primer lugar en la OCDE en violencia sexual hacia los niños. Obesidad, efectos de cambio climático, migración, matrimonio infantil, adicciones, existen muchos pendientes que atender. El reto ahora es: ¿cómo hacemos que los niños sean una inversión y no un costo? Hoy día ya se maneja incluso el tema a nivel de premios Nobel de Economía: si se invierte en ellos habrá beneficios incluso económicos a futuro, mientras que los adultos somos costo.
¿Es suficiente el presupuesto destinado a la construcción de política pública para este grupo en situación de vulnerabilidad?
—No. La Secretaría Ejecutiva tiene 53 millones, pero tampoco es poco. Para 2018 se destinaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 796 mil millones de pesos a la niñez y a la adolescencia, un presupuesto muy grande y diverso, con muchos ejecutores del gasto, pero donde no tenemos la certeza del impacto. Hay mucho presupuesto en educación, salud, y muy poco o nada en otras áreas. La distribución todavía es desigual para el ejercicio de derechos: por ejemplo, no hay presupuesto para participación de niños, para regular la relación que tienen con los medios de comunicación; prácticamente no hay presupuesto contra la pornografía infantil y el ciberdelito.
Un compromiso de la Conago es que en el presupuesto de egresos de cada entidad federativa, en 2018, tengamos anexos transversales en todos los estados para este sector. Ya tenemos 16 acuerdos, deberíamos tener 33, sólo así podríamos saber cuánta inversión para niños y adolescentes hay, dónde está y poder identificar los huecos que hay con respecto a los derechos que se tienen que garantizar.