Las estrategias para combatir la corrupción deben tener un enfoque de derechos humanos, coincidieron Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, y Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), durante la ceremonia del Día por la Integridad que se celebra el día 9 de cada mes.
González Pérez resaltó que “México enfrenta grandes desafíos: el binomio de la pobreza y la desigualdad, el de la violencia y la inseguridad, y el de la corrupción y la impunidad, envueltos en lo que denominamos un Estado débil de derecho”.
Destacó que la corrupción impacta directamente en los derechos humanos, en la economía, en la desigualdad social, en la violencia y, por ende, en la falta de confianza en las instituciones.
Por eso, “Cualquier estrategia de lucha contra la corrupción debe considerar el tipo de violaciones a los derechos humanos, los mismos que se busca evitar, además, el contexto en donde opera” la problemática , comentó.
Informó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) , la corrupción es el segundo tema que más preocupa a los mexicanos, sólo detrás de la inseguridad y la delincuencia, por lo que es necesario atender la situación para erradicarla.
“Resulta crucial reconocer la problemática existente y atender su solución. Hay que fortalecer la cultura de la legalidad en México, la denuncia, la transparencia y la rendición de cuentas”.
Arely Gómez mencionó que la corrupción merma la confianza ciudadana en la democracia y en la preeminencia de la ley, debido a que los ciudadanos se ven afectados por la redirección de recursos públicos para la satisfacción de intereses particulares.
De esta manera, dijo que esta práctica disminuye la efectividad de los gobiernos para dar respuesta a las necesidades de la población, lo que afecta el ejercicio y goce de los derechos humanos.
Enfatizó que “derrotar la corrupción representa un esfuerzo mayúsculo, pero es una acción fundamental para recobrar la confianza de la sociedad en las instituciones del gobierno”.
Recordó que el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción representa un avance concreto en el materia y añadió que es una estrategia completa porque “tomó en cuenta la naturaleza multifactorial de la corrupción, por lo que cuenta con la participación ciudadana y la coordinación de los tres órdenes de gobierno”.
Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo que “una faceta indisociable de la corrupción es el impacto que tiene en las posibilidades del Estado para cumplir con su obligación principal, la garantía en condiciones de igualdad y no discriminación, de los derechos de todas las personas”.
Destacó que hablar en este momento sobre la corrupción es de gran relevancia por el contexto en el que se encuentra el país y que hay tres aspectos que se conjuntan como parte de ese flagelo: primero, la amplia difusión de la práctica del soborno; segundo, la extorsión, con la cual se condicionan servicios a través de una cuota, y tercero, el diseño de estrategias públicas sin la consulta previa que se debe hacer, como ha sucedido en diversas comunidades indígenas.
Ante ese panorama, resaltó que es fundamental que las estrategias que se implementen para combatir la corrupción coloquen en el centro a los derechos humanos, principalmente a la no discriminación.
