Read in English
Los gobiernos de México y Estados Unidos recién firmaron una nueva acta que se integra al Tratado de Aguas Internacionales entre ambos países: la 323, en donde se asienta que a cambio de ayuda económica que la Unión Americana proporcionará para el desarrollo de infraestructura hídrica en territorio mexicano, podrá obtener ciertas cantidades de líquido.
El acta 323 denominada Ampliación de las Medidas de Cooperación y Adopción de un Plan Binacional de Contingencia Ante la Escasez de Agua en la Cuenca del Río Colorado, fue negociada —a decir de ciertos sectores— sin una difusión previa y solicitar la opinión de quienes podrían verse afectados.
El documento fue elaborado por las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas (CILA) de México y Estados Unidos, se firmó el 21 de septiembre de 2017 y dado a conocer públicamente cinco días después.
La negociación incluyó el tema de inversiones y proyectos, en donde se asienta que los comisionados observaron la conveniencia de continuar desarrollando y construyendo proyectos e implementando acciones que conserven o aumenten la disponibilidad de agua del Río Colorado, a través del mecanismo de inversiones en la infraestructura, lo que permitiría que una parte del agua producida podría utilizarse para las necesidades de agua del medio ambiente, en tanto otra porción podría ser distribuida entre los dos países.
“Los Estados Unidos contribuirán con un monto total de 31.5 millones de dólares a México a través de la Comisión (CILA), para desarrollar proyectos de conservación en México. Toda el agua generada o conservada con esta inversión será asignada a México con excepción de los siguientes volúmenes: 86 millones de metros cúbicos de agua para cumplir con el compromiso de Estados Unidos para beneficio del medio ambiente, en particular el tramo limítrofe y del Delta del Río Colorado”, quedó escrito en la nueva acta.
En la presentación oficial del Acta 323 avalaron estas acciones instituciones como el Pronatura, Colef, la Universidad Autónoma de Baja California, Sonora Institute, entre otros. Sin embargo, Zavala describió su malestar por la utilización de organismos como el Colef y la UABC porque el aval se dio a título personal de quienes participaron en ello.
Colaboración desde 1944
El Tratado de Aguas internacionales entre México y Estados Unidos fue firmado el 3 de febrero de 1944. En éste se establece que México asigna agua a Estados Unidos del Río Bravo y la Unión Americana asigna líquido a territorio mexicano a través del Río Colorado.
Este acuerdo define las entregas de agua a Estados Unidos por ciclos y en caso de sequía, de manera extraordinaria, los faltantes se reponen en el siguiente ciclo. Describe que cuando la capacidad asignada a Estados Unidos en las presas internacionales se llena con agua de su propiedad, termina el ciclo y los faltantes se cancelan.
En la actualidad son 35 millones de estadounidenses y 2 millones de hectáreas de riego las que dependen del agua proveniente del Río Colorado.
Durante el primer trimestre del 2017, el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP) advirtió que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría poner en peligro el abastecimiento de agua debido a su imprudencia en las relaciones con México.
En el estudio se asentó que los derechos al agua del Río Colorado están determinados por el tratado sobre aguas internacionales entre México y Estados Unidos, firmado el 3 de febrero de 1944, que expira a finales de 2017 y que Trump deberá negociar con México.
“Una descompostura de las relaciones entre Estados Unidos y México podría poner en peligro los tratados, poner más tensión en los abastos de agua y detonar condiciones de escasez con un impacto devastador sobre empleos y economía”, señala el estudio.
Durante la administración del presidente Barak Obama se firmó el acta 319 que permite a México mantener la porción de gua que le toca del lago Mead.
Más que una negociación
El CAP destacó los beneficios compartidos de dar a México un nuevo espacio de almacenamiento, al tiempo que se incrementaron los niveles del agua en el lago para evitar escasez. En 2014, una porción del agua del lago Mead fue liberada, lo que permitió al agua llegar al Delta por primera vez en años.
Ahora, con el acta 323, deja ver que la nueva negociación se trata de una transacción de agua. Define que la vigencia será de nueve años y México deberá tomar las acciones necesarias para cumplir con sus compromisos en la misma proporción, al mismo tiempo en que se efectúen las transferencias de fondos estadounidenses.
“Lo anterior será formalizado por medio de un intercambio de comunicados de los comisionados, quienes confirmarán la recepción de los fondos y la simultánea asignación de agua de la Reserva de Agua Mexicana o de cualquier otra fuente”, dice el documento.
El investigador José Zavala reprochó que el documento fuera una negociación confidencial entre los dos gobiernos y en el que involucraron instituciones para avalarlo.
“La verdad es que es una grosería”, comentó en entrevista. Zavala recordó que el Tratado del 44 señala que los acuerdos no deberán perjudicar en nada los compromisos que se tienen, así que habrá que esperar resultados y que la Unión Americana no deje de entregar los mil 850 millones de metros cúbicos que debe cubrir a México.
El senador del PT, Marco Antonio Blásquez, presentó en octubre un punto de acuerdo en la Cámara Alta, para que el Presidente de la República instruya al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a rechazar el Acta 323, porque afecta el interés nacional.
“El Acta 323 establece diversos puntos que afectan al pueblo de México y a los habitantes del Valle de Mexicali, pues se autoriza la venta de agua a organismos operadores de aquel país, la cual, se disfraza como programa de sustitución de infraestructura”, señaló Blásquez.
La propuesta permanece en la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Víctor Sánchez Munguía, investigador del Colegio de la Frontera Norte, aseguró que la 323 no se trata de que Estados Unidos compre agua a México, simplemente es una continuación de la 319.
“En realidad se trata de un tema que tiene que ver con cierta certeza en cuanto a probables reducciones en el caudal a repartir en el futuro frente al cambio climático y que pudiera afectar a las zonas de recarga, que es en las zonas rocallosas en donde se acumula la nieve y es en donde descarga el líquido hacia la cuenca”, comentó.
El investigador refirió que esta situación surgió tras el sismo de 2010 en el Valle de Mexicali, que afectó la infraestructura de riego.
“Como México no tiene en dónde almacenar agua y no tiene en dónde repartirla, de acuerdo al tratado debemos cumplir con un calendario de entregas que se hace cada inicio de año pero de todas maneras no tenía México en donde almacenar agua, se guardó en las presas de Estados Unidos. Lo que se negoció fue el tema de los niveles críticos de los vasos de agua. Es tener una reserva para contingencia”, explicó el especialista.
Lo que el acta genera, añadió, es un banco de agua. Reconoció las críticas a partir de que la negociación se hizo en silencio. “Es un acta correcta en el sentido de que apunta a un tema que preocupa y alguien se debe ocupar de desarrollar certeza para futuro, lo preocupante es cómo se maneja la información”.
No es venta: SRE
La Secretaría de Relacione Exteriores (SRE) aseveró que Estados Unidos no le comprará agua a México toda vez que el acta no lo autoriza.
“El Acta 323 no autoriza la venta de agua ni afecta los derechos de los usuarios, ya que sólo posibilita la participación de los mismos en un programa de conservación de agua a partir de mejoras en su infraestructura de riego de manera voluntaria”, respondió la dependencia.
Manifestó que los 31.5 millones de dólares que la Unión Americana otorgue a México para infraestructura, es para aquellos módulos de riego que de manera voluntaria desean realizar inversiones para mejorar (en sus parcelas, módulo o distrito de riego) y no cuentan con los fondos para esto.
“Gracias a ello, pueden acceder a los recursos mediante el intercambio temporal de una parte del volumen de agua que tienen concesionado, sin afectar ni comprometer sus derechos a futuro.
“Esto se incluyó en el texto del acta con el único propósito de preparar a los usuarios del Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado para enfrentar potenciales condiciones de escasez. De esta manera, los usuarios hacen más eficientes sus sistemas de riego y cultivo, de forma tal que en una eventualidad en la que se disponga de menos agua puedan continuar sembrando la misma superficie y, bajo condiciones normales, la puedan incrementar”, justificó Relaciones Exteriores.
La Cancillería expuso que la negociación del acta 323 tomó casi 5 años en los que se llevaron a cabo 109 reuniones y consultas con los diferentes usuarios y dependencias.
