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En la jornada electoral del pasado 1 de julio hubo 133 reportes de compra de votos a nivel nacional. Se mencionó que la mayoría fue el pago de dinero por sufragio y el PRD fue el que más incurrió en esta práctica, informó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).
Al difundir su informe final del ejercicio de denuncia en www.democraciasinpobreza.mx, la ACFP, que aglutina a más de 60 organizaciones, detalló que de los 133 reportes de denuncia por compra de votos, 95 correspondieron al reparto de dinero en efectivo, 24 por la entrega de cosas y 10 por amenazas de retirar apoyos de programas sociales; sólo hubo cuatro quejas por reparto de tarjetas a cambio de votos.
La ACFP señaló que con base en las denuncias de la población en la plataforma virtual, el sol azteca fue el partido que el pasado domingo tuvo la mayor cantidad de denuncias, con 47.4%; seguido del PRI, con 27.8%, y el PAN, con 9%; en menor medida, Morena, con 5.3%, y el PVEM, con 1.5%.
La organización indicó que la compra del voto osciló entre 10 y 150 mil pesos, y detalló que tras una encuesta realizada previo a la jornada electoral se encontró que alrededor de 15 millones de mexicanos rechazaron las ofertas de dinero.
La ACFP consideró que este rechazo es congruente con la alta participación que hubo en las urnas y ratifica la confianza de los mexicanos en la democracia, “por encima de las reformas electorales, está la urgencia de diseñar una política social vinculada a la política económica que sea incluyente, justa y transparente y que tenga un objetivo: superar la pobreza y la desigualdad; eso será acabar con el clientelismo electoral”, menciona el comunicado.
El artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales detalla que se impondrá de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien solicite votos por paga, promesa de dinero o mediante violencia o amenaza, “o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.
Además, en el artículo 9 de la misma legislación indica que se impondrán de 100 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que ejerza presión a los electores o que solicite votos por promesa de dinero.
