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La discriminación laboral aún es una realidad en México. Entre 2011 y 2017 se abrieron 2 mil 935 expedientes por presuntos actos de discriminación y el despido por embarazo es una de las causas más frecuentes de las quejas, afirmó Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Consideró que urge implementar medidas para la efectiva inclusión de las mujeres en los empleos, aunque la Ley Federal del Trabajo prohíbe que las instituciones les exijan el certificado de no embarazo, persiste una “gran omisión”, por lo que se requiere romper con los roles de género tradicionales y compartir la responsabilidad de la crianza de los hijos con los hombres.
De las 2 mil 935 investigaciones que se han abierto desde 2011 por presuntos actos de discriminación, 713 corresponden a expulsiones por embarazo, seguido de condición de salud, con 562; por razones de género, 369; apariencia física, con 358; discapacidad, 317, y por la edad, 282.
La capital del país, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla son las entidades donde se abrieron el mayor número de indagatorias.
Afirmó que 2 mil 222 quejas son contra particulares y 713 contra servidores públicos de carácter federal.
Enfatizó que está documentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ellas pueden ser igual de competitivas que los hombres y que si se hacen los ajustes necesarios para el cuidado de los hijos, del hogar y de los ancianos, pueden realizar las mismas acciones que ellos.
Refirió que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) calculó que cada año le cuesta al país 240 mil millones de pesos no tener incorporadas a las mujeres al mercado laboral.
“La discriminación laboral sigue siendo una realidad en México, desafortunadamente todavía sigue la percepción de que ellas no pueden ser productivas ni competitivas para el trabajo.
“México no se puede desarrollar si no hay una estrategia de inclusión que permita que todas las personas se incorporen al mercado laboral, en igualdad de circunstancias, con las mismas oportunidades y con los mismos derechos”, afirmó Haas Paciuc.
Contratan con base en estereotipos. La presidenta del Conapred destacó que los reclutadores en los centros de trabajo todavía contratan al personal con base en prejuicios y estereotipos, y no sobre la base de aptitudes, capacidades y conocimientos de las personas.
“Seleccionan a alguien sobre lo que piensan que dice su sexo, tono de piel y pertenencia étnica, en lugar de evaluar realmente las capacidades y los conocimientos de la gente”, declaró.
Sobre los despidos por condiciones de salud, señaló que con frecuencia se reciben quejas por despidos injustificados debido a que el trabajador tuvo que ausentarse por alguna diligencia relacionada con su estado médico, por lo que pidió a los empleadores ser más conscientes de que parte del ciclo de la vida es enfermarse y “la seguridad laboral no puede estar en riesgo, esto nos puede ocurrir a cualquiera y en cualquier momento”.
Refirió que el Conapred, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Inmujeres desarrollaron la norma de igualdad laboral y no discriminación en 2015, la cual busca que las empresas revisen sus estrategias de reclutamiento y ascenso, puesto que “muchas de las situaciones de discriminación laboral que se dan son prácticas reiteradas que nunca se corrigen, que nunca se cuestionan y se hacen de manera consistente”. Indicó que hasta la fecha se han incorporado a esta regla 201 centros de trabajo.
Esta normativa es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a las compañías, con un certificado, que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de los trabajadores.
La presidenta del Conapred indicó que hay muchos mecanismos de protección y defensa de los empleados, que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, falta una mayor capacitación y sensibilización de las empresas en temas de inclusión.
“Es responsabilidad de los actores económicos entender que la discriminación no le conviene al país. La inclusión es indispensable para desarrollarnos como país y que realmente no es un imperativo moral y ético. Es un ejercicio para la compañía y hay muchos sistemas que señalan que la competitividad y el clima laboral mejoran cuando los ambientes son diversos”, dijo.
