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Un sistema judicial sin contrapesos , la impunidad generalizada, la falta de formación de los cuerpos de policía y la normalización de las violaciones a los derechos humanos son algunas razones por las que las detenciones arbitrarias en México se han convertido en una práctica común reconocida incluso por servidores públicos.
Lo anterior forma parte de las conclusiones del Informe “Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México” , realizado por Amnistía Internacional y presentado este martes en Guadalajara.
Durante la presentación, Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que las detenciones arbitrarias son la ventana a violaciones más graves a los derechos humanos , como la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada.
El informe, basado en entrevistas con 25 agentes de policía y miembros del sistema de justicia en el país, da cuenta de cómo las detenciones arbitrarias son parte de la rutina de las policías en México y lo hacen para extorsionar, colocar pruebas falsas para crear culpables o reprimir a activistas y defensores de derechos humanos.
Reneaum Panszi consideró que esta investigación muestra que todo el mundo corre peligro de sufrir detención arbitraria en México, y que este peligro aumenta enormemente si eres pobre, si llevas la ropa indebida o si trabajas para defender los derechos humanos.
Entre los casos que documenta el informe está el de Enrique Guerrero Aviña, estudiante universitario y activista de derechos humanos, detenido en mayo de 2013, torturado y acusado por un delincuencia organizada; actualmente se encuentra preso en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco.
Según el documento presentado por Amnistía Internacional, el Nuevo Sistema de Justicia Penal no se está implementando debidamente, muchos policías no cuentan con formación adecuada y no respetan el principio básico de la presunción de inocencia.
Además, los miembros del Poder Judicial no suelen cuestionar la fuente de las pruebas que les presenta la policía, pese a que saben que, en muchos casos, que los agentes colocan éstas para incriminar a personas.
En el informe también se documentaron las presuntas presiones de parte de “superiores” o del Poder Ejecutivo para que integrantes del Poder Judicial dicten determinadas sentencias en casos destacados.
César Pérez Verónica, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, consideró que este informe muestra con claridad cómo un sector muy amplio del país se ha estado tratando de privilegiar la seguridad por encima de la libertad, lo normaliza las sistemáticas violaciones a Derechos Humanos por parte de los cuerpos de seguridad.
