A nueve meses de que se registrara un motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta , Nuevo León, que dejó un saldo de 18 internos muertos y 93 lesionados , la Fiscalía General no ha realizado una indagatoria para determinar responsabilidades, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ), que detectó que hubo violaciones al trato digno por parte de servidores públicos.
Tras investigar lo sucedido los días 9 y 10 de octubre de 2017 en el Cereso de Cadereyta , cuando murieron 18 personas recluidas y 93 resultaron heridas, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la integridad personal, a la reinserción social y al trato digno, atribuibles a servidores públicos de la entidad, por lo que emitió la recomendación 20/2018 dirigida al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón , "El Bronco" , y al fiscal General estatal, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.
Detectó que “la Fiscalía General no ha realizado una indagatoria diligente para determinar la probable responsabilidad de quienes participaron en el motín , así como practicado dictámenes periciales para determinar las circunstancias en que 18 personas perdieron la vida, 11 de ellas por disparos de arma de fuego, ni se han recabado los testimonios de quienes presenciaron los hechos, lo que en conjunto constituye una violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia”.
Informó que las condiciones en las que se encontraba el Cereso , en particular el autogobierno, propiciaron el motín de los internos , y destacó que “ el operativo llevado a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Fuerza Civil del Estado no fue planeado adecuadamente, pues aun cuando llevaron a cabo acciones como el diálogo y la persuasión, seguido del uso de la fuerza no letal, lo que se consideró adecuado, no les fue posible recuperar el control del centro debido a la falta de equipo de protección y de armamento no letal, por lo que hicieron uso de la fuerza letal”.
Sin embargo, como la fiscalía no ha llevado a cabo las indagatorias, la CNDH no pudo determinar si en la utilización de la fuerza letal concurrieron todos los elementos justificados de la legítima defensa propia o de terceros, aunque detectó que tanto los custodios retenidos como los internos eran víctimas de una agresión actual, violenta, sin derecho y que representaba un peligro inminente.
“De acuerdo con los estándares nacionales e internacionales del debido acceso a la justicia , será la autoridad ministerial quien, sin dilaciones indebidas, como ha ocurrido en el presente caso, deberá determinar a cabalidad esta circunstancia, pero de acreditarse que no hubo justificación para el uso de la fuerza letal o este fue excesivo, deberá procederse en consecuencia, por la afectación al derecho a la vida ”, afirmó.
El organismo detectó que después de que se recuperó el control del Cereso personal de la Fuerza Civil del Estado golpeó a los reclusos innecesariamente, por lo que hubo exceso del uso de la fuerza . Asimismo, observó que no tenían un protocolo para informar a los familiares de los internos sobre la situación.
La comisión recomendó al gobernador de Nuevo León que se repare el daño a los familiares de los internos fallecidos y que se asignen recursos presupuestales y materiales que permitan garantizar condiciones de estancia digna y segura a los internos del Cereso de Cadereyta, que haya personal suficiente y capacitado en el centro, y que se instale equipo tecnológico para detectar sustancias y objetos prohibidos.
También recomendó implementar un Protocolo de Manejo de Motines , que privilegie el diálogo y el respeto de los derechos humanos de los internos y sus familiares y que posibilite brindar a éstos información oportuna y certera, así como atender las observaciones de los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria y de la recomendación M-01/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Al fiscal General del Estado le recomendó efectuar las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades, capacitar a su personal, aportar los elementos necesarios en el procedimiento administrativo que se inicie ante la Visitaduría General e incorporar copia de la recomendación al expediente personal de las autoridades involucradas en las violaciones a los derechos humanos.
mpb