Más Información
FGR ya investiga a alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, por agradecer juguetes del “Mencho”; hay más de 10 funcionarios en la carpeta
"Agradecemos al señor Nemesio Oseguera"; ayuntamiento de Coalcomán, Michoacán, emanado de MC, agradece al "Mencho" y al CJNG por entrega de juguetes
Sistema antiaéreo ruso estaba activo durante accidente de avión azerbaiyano, admite Putin; ofrece disculpas por “trágico incidente”
Detienen y luego liberan a Melanie, joven brutalmente golpeada en Tamaulipas; la acusaban de presunto robo
Sheinbaum se reúne con Lemus; “trabajar al estilo jalisco es en coordinación con la federación”, expresa gobernador
La Profepa carece de capacidad para aplicar la reforma que prohíbe los animales en cautiverio , y no puede siquiera informar el estado en que se encuentran ejemplares que retiró de circos y colecciones privadas.
Se trata de una ley perniciosa que no fue estudiada en el Congreso, acusó el diputado federal Sergio Gómez Olivier (PAN), y que ha afectado a miles de familias de la cadena de la economía animal, en una marcha de protesta que llegó al Senado.
Sergio Gómez Olivier pidió que la Profepa presente a los animales que ha confiscado, pues se teme que muchos hayan muerto, debido a que requieren de un ámbito para sus cuidados que terceras personas no podrían brindarle a los ejemplares.
Además, la manutención de las distintas especies llega a ser elevada en costos, como en el caso de un tigre que requiere de una comida de 20 pollos, al menos.
Gómez Olivier, en Tehuacán, Puebla, es propietario de un zoológico en el que reproduce felinos, y con la ley le fueron incautados ejemplares, pero posteriormente las autoridades de la Profepa requirieron de su espacio a fin de confinar animales de circos.
Al Senado marcharon por el Paseo de la Reforma más de 500 personas, de mercados públicos, veterinarios, e integrantes de la cadena productiva de animales que desean ser escuchados por los legisladores, respecto de la norma que es contraria a la protección de especies silvestres.
Miguel de la Torre, del grupo Comercio Responsable, dijo que cinco millones de empleados y familias están en peligro, por las iniacitivas del PVEM que favorecen a las grandes trasnacionales y las grandes cadenas comerciales.
"Queda en el desamparo el comercio popular que sirve para la regulación de los precios y le da salida a gran cantidad de ejemplares", como ocurre en los mercados Emilio Carranza y el Nuevo San Lázaro, donde se comercializan dos terceras partes las especies acuícolas del país, dijo.