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Responsables de estancias infantiles presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación en contra de la Secretaría de Bienestar por incumplir con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2019) y destinar recursos federales a un programa que no existe.
Los denunciantes acudieron a la Auditoría Superior de la Federación acompañados por la Red de Derechos por la Infancia, la fundadora del programa de Estancias Infantiles, Lía Limón y la exdirectora del mismo, Clara Torres.
En su denuncia, los responsables de estancias infantiles indicaron que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 es el instrumento por el cual la Cámara Baja especificó el monto y destino de los recursos federales durante este año, por lo que el gasto público sólo se realizará conforme a lo autorizado por los legisladores.
Lía Limón explicó que en el documento se establecieron los programas de subsidio del ramo administrativo 20 Bienestar, entre los que se encuentra el programa de Estancias Infantiles, al cual se le etiquetaron 2 mil 41 millones de pesos.
Para el cumplimiento de la entrega de estos recursos y las reglas de operación, la Secretaría de Bienestar, junto con todas las autoridades del Ejecutivo federal, están obligadas a realizar las acciones pertinentes, por lo que el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019 publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de febrero de 2019 es violatorio de lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que no está contemplado en el mismo.
Denunciaron la omisión del gobierno federal a emitir las “Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” para el ejercicio fiscal 2019, que es el programa aprobado y autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
El programa de apoyo publicado por Bienestar establece que los recursos destinados serán entregados bimestralmente directamente a los padres de familia en una cantidad de 800 pesos mensuales por cada hijo que tengan, para que con ese dinero paguen la educación de los menores.
El programa establecía que los recursos se entregaban a los operadores de estancias de manera bimestral a razón de 950 pesos mensuales por cada niño.
Ante el cambio de reglas, diversos amparos han sido tramitados en la República mexicana.
El juez Primero de Distrito en materia Administrativa en Nuevo León concedió ayer a Ana Isabel Alejandre Rosales, quien tramitó el primer amparo contra la cancelación del PEI, la suspensión definitiva para que la Secretaría de Bienestar aplique las reglas vigentes en 2018 y no las nuevas.
