A un año de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció falta de coordinación entre las instituciones para mostrar cifras que permitan conocer la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto de la entrega de los fondos de apoyo a damnificados , por lo que exhortó a las autoridades a trabajar con celeridad en la reconstrucción y la atención a los afectados.
Recordó que de acuerdo con cifras oficiales murieron 470 personas y mil 372 requirieron hospitalización, pero no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de 209 mil 334 viviendas, 983 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas que los gobiernos federal y estatales se comprometieron a rehabilitar. Situación que afecta directamente a la población de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, que solicitaron la declaratoria federal de desastre.
Destacó que las respuestas que ha recibido de las diferentes instancias a las cuales solicitó información han sido “deficientes e incompletas, puesto que no atienden la integralidad de los puntos solicitados ni proporcionan datos consistentes y unificados sobre las afectaciones registradas como consecuencia de los sismos , las acciones emprendidas para su atención y el grado real de avance en las mismas, en aspectos tan relevantes como el número de inmuebles reconstruidos, cifra que incluso varía en una misma autoridad de un informe a otro”.
Añadió que tampoco se advierten avances sustantivos en la determinación sobre las causas reales que motivaron los daños o el colapso de los inmuebles ni respecto al desarrollo de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que deslinden las responsabilidades correspondientes en caso de que las hubiera.
El organismo señaló que las diferencias en cifras y datos reportados “reflejan una lamentable falta de coordinación entre instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación, además de que generan confusión en la sociedad y la percepción de insuficiente coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno”.
Hizo un enérgico llamado a las autoridades involucradas “para que asuman sus responsabilidades, den celeridad a la atención a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017 , y remitan íntegramente a esta comisión nacional la información que les ha solicitado, misma que será utilizada para sustentar el pronunciamiento que en su oportunidad emitirá en los expedientes que sobre estos hechos integra”.
Enfatizó que es fundamental que la comisión tenga oportunamente los datos con los que disponen las autoridades, pero las respuestas oficiales a las solicitudes de información que realizó no siempre fueron oportunas ni incluyeron todo lo requerido.
Por ejemplo, en la Ciudad de México el entonces jefe de Gobierno señaló públicamente la existencia de 204 carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con relación a los hechos, y aunque el organismo solicitó información sobre las mismas, recibió como respuesta la existencia de 21 carpetas.
Mencionó que la Coordinación Nacional de Protección Civil se mostró renuente a colaborar, al no aceptar las dos solicitudes de medidas cautelares que le fueron emitidas durante la emergencia y responder por escrito que carecía de facultades legales para implementarlas.
En materia de vivienda, los estados afectados refirieron de manera inicial 209 mil 344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60 mil 366 presentaron daño total y 148 mil 978 parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172 mil 26 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu).
Ante ese panorama, la CNDH inició 375 expedientes, cuatro de oficio y 371 derivados de las quejas presentadas de manera individual y colectiva por padres de familia y organizaciones de la sociedad civil . Determinó hacer una investigación integral que comprende los siguientes tópicos: protección civil; procuración de justicia; autorizaciones, licencias y permisos en materia de construcciones y uso de suelo; inscripción registral de inmuebles; empresas; corrupción; asignación de recursos públicos a personas afectadas; transparencia y rendición de cuentas en la recepción de ayuda humanitaria.
El organismo denunció que tampoco ha habido transparencia ni rendición de cuentas en la administración y destino de los recursos públicos, ejemplo de eso, son las irregularidades advertidas en la entrega de tarjetas de recursos del Fonden por parte de Bansefi , consistentes en la multiplicidad de tarjetas emitidas a nombre de una sola persona.
Bansefi informó que en esos casos se hizo entrega de una sola tarjeta y que el resto permanecía bajo resguardo en la bóveda de ese banco; sin embargo, cuando la CNDH solicitó tener a la vista esas tarjetas, éste adujo el secreto bancario para evitar el acceso, lo cual es inaceptable tratándose de recursos de apoyo a la población en un asunto de trascendencia nacional.
La CNDH también solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que valore 130 casos para su ingreso al Registro Nacional de Víctimas , la cual respondió que falta una determinación que sustente la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos de esas personas.
En el caso de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, la CNDH observó que cuenta con más de 6 mil 855 millones de pesos en 2018 (que incluye las donaciones de particulares) y que en su plataforma pública se detalla el monto aprobado para su futuro ejercicio. Sin embargo, no se especifica el monto efectivamente ejercido por rubros y destino, por lo cual no ha cumplido su finalidad ni con transparencia su ejercicio. La misma situación de opacidad se advierte respecto de las donaciones que recibieron por parte de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.
En educación, las entidades federativas afectadas señalaron que 16 mil 795 escuelas resultaron afectadas, mil 521 de ellas presentaron daño total y 15 mil 274 parcial, mientras que el Gobierno Federal señaló que 14 mil 976 planteles tuvieron afectaciones, 200 de ellas con daño total y 14 mil 776 con parcial.
Otro rubro en el que el organismo no advierte avances sustantivos, ni a nivel federal o local, es la necesaria consolidación de una cultura integral de prevención de desastres que involucre a las autoridades y a la sociedad, por lo que enfatizó que “es preciso asumir que nuestro país enfrenta riesgos constantes de desastres naturales, en particular de sismos , y que la prevención de los mismos trasciende simulacros o el diseño de mecanismos de respuesta inmediata, siendo preciso ver la prevención como una pauta necesaria de conducta que debe incidir en nuestra convivencia cotidiana”.
mpb
