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Los titulares de los organismos encargados de defender los derechos humanos en todo el país demandaron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, los gobernadores y los procuradores para mejorar la seguridad y la “condiciones de zozobra” en la que realizan su labor.
“Necesitamos una respuesta del Estado. Pedimos reunirnos con el Presidente y con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores [Conago]. Queremos también una reunión con la conferencia de procuradores para nuevamente insistir en la importancia de esclarecer los crímenes contra defensores”, aseguró el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Después de la reunión en la que los ómbudsman, que integran la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, rindieron homenaje con un minuto de silencio a su compañero asesinado en La Paz, Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, se manifestaron en contra del crimen y de la inseguridad.
Entre sus demandas están las garantías de no repetición, la seguridad social para los deudos, una coordinación adecuada entre la Federación y los estados para que no se reduzca la seguridad a los familiares, además de medidas de protección para los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. Aseguraron que seguirán con sus actividades y, en los casos en los que sea necesario, se solicitará que se mantengan o se fortalezcan las medidas de protección.
Raúl Arturo Ramírez Ramírez, de Sonora, quien ha recibido diversas amenazas en las instalaciones de la comisión y en su casa, puntualizó a EL UNIVERSAL que buscarán la atención personal de Peña Nieto.
“Es muy común que luego te busquen subsecretarios. Queremos ver al Presidente y reunirnos con él”, expuso. Detalló: “Prácticamente estamos viviendo en la zozobra permanente, lo que pasó es condenable”.
González Pérez aseguró que el ataque en el que también murió el hijo del ómbudsman representa un atentado contra el Estado mexicano.
“Quiero transmitirles el coraje, la indignación y la consternación que las y los integrantes de esta Federación tenemos por el artero crimen que se cometió en contra y, hay que decirlo muy alto y claro, en contra de un defensor del pueblo, porque esto es lo que representamos”, agregó. Los 31 servidores públicos mostraron una imagen de unidad.
José Alfredo Sepúlveda Fayad, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, dijo que aunque él no ha recibido ninguna amenaza durante su gestión, está preocupado porque este tipo de actos también atentan contra la sociedad mexicana. “Es un agravio al pueblo, porque defendemos a las personas. Somos uno de los medios de defensa y protección más accesibles para las personas”.
Sabino Hermilo Flores Arias, de Colima, aclaró que aunque él tampoco ha sido víctima de amenazas, el asesinato de su compañero lleva implícita una intimidación.
“Debemos tomar acciones, exigencia y garantías para el desarrollo de un trabajo independiente y autónomo. Esperamos que situaciones como ésta no condicionen nuestro trabajo”, declaró.
Harley Sosa Guillén, de Quintana Roo, dijo que De la Toba no denunció amenazas. “Platiqué con él, tuvimos una reunión y nunca generó un acto de amenaza o intimidación”.
Para Nashieli Ramírez, de la Ciudad de México, no existía un antecedente. “Tenemos a muchos de los defensores desde la sociedad civil en riesgo, la comisión se ha pronunciado sobre las condiciones en las que viven los defensores en este país, pero nunca había pasado en la vida que un defensor fuera asesinado”, aseguró.
Pedro Calcáneo Ruiz, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco, también se mostró sorprendido por el crimen.
