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La defensa del medio ambiente, los recursos naturales y el uso sustentable de la Tierra ha terminado por convertirse en una de las actividades más peligrosas en México, denuncia en un estudio Brigadas de Paz Internacional (PBI, por sus siglas en inglés).
La ONG con sede en Londres sostiene que los defensores ambientalistas enfrentan riesgos específicos y más elevados debido a la complejidad e intereses de los conflictos socioambientales.
Si bien reconoce que el fenómeno no es nuevo, México ha figurado en los últimos años entre los países más violentos para los activistas ambientales, y “este año ha habido más asesinatos que nunca”, dice.
Entre junio de 2016 y mayo de 2017 se documentaron 11 ejecuciones extrajudiciales de defensores de la Tierra.
El estudio titulado Defender la Vida, personas defensoras de la Tierra, el territorio y el medio ambiente en riesgo, fue patrocinado por la Confederación Suiza y Matrix Chamber, una organización de abogados ingleses especializados en derechos humanos.
Con testimonios, visitas a zonas de crisis y consulta a expertos, el documento exhibe la vulnerabilidad de los defensores.
El reporte documenta el mayor número de violaciones en los ámbitos de extracción de bienes naturales, principalmente minería y explotación de bosques; la generación de energía, como es la extracción de carbón, la construcción de gasoductos, plantas hidroeléctricas y parques eólicos, y el desarrollo de infraestructura y de complejos turísticos.
Los defensores activos en espacios rurales son los más vulnerables debido a que no cuentan con margen para recurrir al anonimato.
El riesgo resulta de la oposición a proyectos de inversiones muy grandes y al tocar intereses tanto empresariales como gubernamentales. En algunos casos, también enfrentan a la delincuencia organizada al actuar en territorios de alta actividad criminal.
Las amenazas, las agresiones físicas, la tortura sicológica, el hostigamiento, la desaparición forzada y la difamación son los ataques más frecuentes para ellos, aunque la criminalización ha ido tomando fuerza como recurso para limitar su ejercicio.
“Considerándolo todo, la criminalización se está utilizando para silenciar a las personas defensoras, dañar su reputación, atraparlos en costosos juicios legales y disuadir las voces críticas”, indica.
Uno de los casos más emblemáticos citados en el reporte es el de Isidro Baldenegro López, asesinado en enero de este año mientras visitaba a su familia en Chihuahua.