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En pocos días se cumplirán 50 años del movimiento estudiantil de 1968, uno de los sucesos más ominosos en la historia de la democracia nacional.
Mucho ha cambiado desde entonces: ahora la división de poderes es real, existen libertades de prensa, manifestación y asociación política y los resultados de los procesos electorales son tan veraces como nunca lo fueron.
Hoy, superando sus indefiniciones y subdesarrollo, las fuerzas políticas determinantes son leales a la democracia; aún en sus más ríspidas controversias, los contendientes políticos asumen la supremacía dela ley y acatan los dictados de las instituciones, lo que refuerza la estabilidad y la paz interna.
Sin embargo, a otros rezagos se suma uno que desde hace cincuenta años enturbia la relación entre gobernantes y gobernados: aquellos que no han cumplido su juramento de lealtad a la Constitución, unos por sus actos y otros por sus omisiones.
Desde el 68, las decisiones de los funcionarios responsables demuestran que, motu proprio o por consigna, han asumido encubrir los delitos cometidos por el gobierno.
La verdad jurídica e histórica sobre el movimiento del 68 no le pertenece a quienes han gobernado desde hace 50 años; no le pertenece al Poder Legislativo la información contenida en su Diario de Debates y otras fuentes sobre los llamamientos para linchar comunistas, a quienes acusó de engañar y envenenar la mente de la juventud.
En el 68 esa infamia tenía graduación: parecer sospechoso de simpatizar con el comunismo era riesgoso; ser acusado de comunista era implicaba cargos de dipsomanía, terrorismo y homicidio; aceptar ser comunista era la confesión de ser traidor a la Patria: declararme militante del Partido Comunista Mexicano me costó mil días de cárcel.
El Poder Judicial ha omitido revisar su actuación en el 68 y sancionar a los jueces y magistrados que, por acatar las órdenes del Titular del Poder Ejecutivo, violaron los derechos y la libertad de cientos de inocentes.
Igual que sus antecesores desde el 68, el actual Presidente de la República no ha respetado su protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella dimanan.
Lo ocurrido en el 68 es parte de la historia de los mexicanos, parte de la historia nacional robada por funcionarios sexenales; mantener ese atraco es prolongar el atentado contra el Estado de Derecho iniciado en el 68.
En el 68 la sociedad quedó indefensa ante el autoritarismo del Titular del Poder Ejecutivo debido a la colusión que recibió de los poderes Legislativo y Judicial.
Se cometió un crimen de Estado porque los Tres poderes de la Unión, desde las atribuciones de cada uno, rompiendo el Estado de Derecho, lesionado así los fundamentos de la República.
El crimen de Estado del 68 requiere de una respuesta de Estado; no se ha dilucidado a los mexicanos lo ocurrido en el movimiento del 68; su significado, origen, evolución, actuaciones de autoridades militares y civiles y responsabilidades gubernamentales.
Los crímenes cometidos en el 68 pueden repetirse hoy o mañana, con similar impunidad, porque no se ha cumplido el mandato de ley que ordena implantar medidas para garantizar que no se repetirán.
Al negarle a la sociedad su derecho a conocer lo que ocurrió, los sucesivos gobiernos han impedido la aplicación de la justicia a los responsables: tan soez impunidad es producto de la omisión de aquellos a quienes se encargó aplicar la ley.
Para escamotear la verdad y hacer aparecer a la impunidad como parte de la normalidad democrática, se habla del 68 como una serie de “cruentos acontecimientos”; como si hubiera sido una catástrofe natural donde no hay responsables; como una rebelión juvenil ente el autoritarismo paterno-familiar y como una pirotecnia que subió, estalló en mil colores entre música estridente y ahora es tema de “conversatorios” en asilos para seniles.
La represión destruyó la vida familiar y social de cientos de mexicanos y la omisión cómplice ha impedido la reparación del daño, derecho que está contenido en la ley.
Participando en el enorme caudal mundial impulsor del fortalecimiento y la protección a los derechos humanos, en México se decretó la Ley General de Víctimas (CEAV), como garante principal de la observancia de esa ley.
Esa base jurídica y esas capacidades institucionales han sido manipuladas por los funcionarios de esa institución, al grado de que, junto a la Procuraduría General dela República (PGR) impeden la aplicación de la Ley General del Víctimas.
La CEAV obstruyendo deliberada y pertinazmente la aplicación de esa ley durante casi cuatro años y la PGR negando a los denunciantes el acceso a la averiguación previa AP/SIEF/CGI/262/2007, integrada por el delito de genocidio, y que ella dice mantener “en tramite” desde hace doce años para impedir que las víctimas la conozcan y puedan fundamentar y motivar sus denuncias.
Luego de 50 años sigue pendiente la restitución del Estado de Derecho en México; la divulgación de la verdad, la aplicación de la justicia y la reparación al honor y los intereses de las víctimas sobrevivientes es la trilogía indispensable e inmediata.
En el68, la colusión de los Tres Poderes de la Unión sometió mediante la fuerza a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la rectitud y la valentía de Javier Barros Sierra sostuvieron la dignidad de la casa y la protección jurídica de su comunidad.
El rescate de la memoria histórica del 68, la exigencia de tener acceso a la averiguación previa AP/SIEF/CGI/262/2007 y la defensa jurídica de las víctimas sobrevivientes de la represión, estudiantes o no, como lo dispuso el Rector en el 68, son la conmemoración que la UNAM aún le debe a Javier Barros Sierra, a sus muertos, a sus presos, a sus sobrevivientes y a la sociedad que siempre la ha defendido y respetado.
Los mártires del 68 están presentes en cada joven que se esfuerza para formar una familia y vivir con bienestar y tranquilidad, a las víctimas sobrevivientes nos corresponde honrarlos empeñándonos en que la ley se cumpla.
Las denuncias por violación a derechos humanos deben presentarse ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la demanda de que se abra el expediente de la averiguación previa AP/SIEF/CGI/262/2007, ante la Procuraduría General de la República.
Conviene a los denunciantes revisar la Ley General de Víctimas para estar en condiciones de vigilar que los funcionarios la cumplan y estar atentos a los pronunciamientos de la UNAM; el descuido llega a ser complicidad.
Igual que en el 68: democracia y cumplimiento de la ley.
