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Un magistrado federal propinó un nuevo revés a la Procuraduría General de la República (PGR) en los amparos en los que se ordenó la creación de la Comisión de la Verdad para la investigación del caso Iguala .
El Tercer Tribunal Unitario negó al Ministerio Público federal la prórroga por 90 días que solicitó para presentar n uevos dictámenes periciales en aplicación del Protocolo de Estambul para verificar posibles actos de tortura en contra de algunos de los implicados en el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con los expedientes de amparo de Salvador Reza Jacobo “El Wereke”, Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, Miguel Ángel Landa Bahena “El Duvalín” y Gildardo López Astudillo “El Cabo Gil”; el Ministerio Público federal tenía 10 días naturales para presentar los nuevos dictámenes , mismos que fueron ordenados en la sentencia de amparo del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito publicada el 4 de junio pasado.
El juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, informó al Tercer Tribunal Unitario encargado de requerir el cumplimiento de la sentencia, que el término se venció el pasado 27 de julio sin que el Ministerio Público entregara los dictámenes.
Por ello, ordenó reiniciar el procedimiento y abrir el periodo de preinstrucción en las causas penales , lo que significa que revisará nuevamente la consignación del Ministerio Público federal de las investigaciones y los detenidos por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y determinará si existen o no elementos suficientes para procesar.
A su vez, el Ministerio Público federal adscrito al juzgado Primero de Distrito promovió un incidente de imposibilidad real y material para presentar los dictámenes en el término de 10 días pero el magistrado del Unitario desechó por notoriamente improcedente el incidente.
La sentencia del Tribunal Colegiado ordenó la realización de los dictámenes debido a que los quejosos alegaron haber sido torturados con el objetivo de confesar el secuestro y posterior homicidio de los normalistas.
La PGR respondió que sí tiene los dictámenes y que salieron negativos pero al no presentarlos no ha desvirtuado las acusaciones de tortura.
De acuerdo con los tratados internacionales, los actos de tortura implican graves violaciones a los derechos humanos en el proceso, lo que implicaría la eliminación de pruebas obtenidas mediante estas conductas.
