Aterrada en una esquina de la recámara, cubrió sus oídos para no escuchar los destrozos. Desde la ventana vio cómo los uniformados, con armas largas, forzaron la puerta de su casa y sacaron a su padre para golpearlo. De pronto entraron por ella. A rastras la llevaron del cabello, tocándola mientras bajaban a la sala. Ahí, Rebeca Felipe Gómez, de 15 años, observó a su madre en el piso.
Cuando irrumpieron eran alrededor de las 2:40 horas de la madrugada del 3 de febrero de 2019. Sus padres veían la televisión en la planta baja. “Escuchamos cómo trataban de abrir. Se oían como piedras y golpes, cuando de repente ya estaban derribando la puerta. Lo primero que hicieron al entrar fue sujetar a mi esposo y sacarlo a la fuerza. A mí me sometieron. La casa estaba llena de personas, eran militares, policías federales, estatales, hombres vestidos de negro”, recuerda María Edith Gómez Pérez, madre de Rebeca.
A su esposo, Roberto Felipe Luna, lo subieron a un auto sin placas. Fue presentado hasta las 6:20 horas de la mañana en el Ministerio Público (MP) de Ixtapaluca, Estado de México, acusado de delitos contra la salud y de pertenecer a La Unión Tepito. Según una copia de la carpeta de investigación en poder de EL UNIVERSAL, lo detuvieron a las 5:50 horas en la calle, a bordo de su coche, en posesión de varias dosis de marihuana, cocaína y cristal. Edith sostiene, en cambio, que entraron a la casa sin orden de cateo y que le fabricaron un delito, puesto que es comerciante y distribuidor de verduras.
A Nazario Garibay Godínez la historia le suena familiar, pero ocurrió en su negocio de autolavado El Güero, en Manzanillo, Colima. “Entraron sin orden de cateo cinco elementos de la Marina y cuatro de la Policía Estatal a las 22:49 [horas] del 11 de noviembre de 2017, privando de la libertad a mi sobrino Édgar Ruiz Garibay y a un empleado. Como una hora los mantuvieron incomunicados. Después los liberaron, pero siguió el hostigamiento y la persecución”, cuenta.
Su sobrino Édgar presentó una queja y mostró los vídeos del circuito cerrado ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. En las imágenes en poder de EL UNIVERSAL se observa la entrada de los efectivos de la Secretaría de Marina (Semar). Al percatarse de las cámaras, los efectivos cubren sus rostros y luego salen con los detenidos. Por estar involucrado personal de la Semar, el caso fue enviado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Antes de que pudiera acudir al organismo, “el 28 de noviembre de 2017 regresan los mismos elementos de la Marina, acompañados por el agente del Ministerio Público y la Policía Estatal. Un total de 60 entraron arrancando las cámaras del negocio y el grabador de video”, recuerda Garibay.
Golpearon a sus familiares y a menores de edad. Se robaron todo a su alcance. Dijeron que les iban a plantar evidencias; preguntaron por él, pero no se encontraba. Entonces, enfatiza, detuvieron a su esposa y sobrino, a quienes reclamaron por denunciarlos: “Ahora sí te vas a hacer famoso, cabrón”. Los amenazaron de muerte y los trasladaron al Ministerio Público de Manzanillo, acusados de narcomenudeo, secuestro, entre otros.
La fabricación de ilícitos en México es una constante por parte de autoridades del ámbito local y federal, aseveran especialistas en el tema. Su fin es lograr mecanismos de extorsión, justificar el combate a la delincuencia y crear chivos expiatorios, por órdenes de altos mandos o cuenta propia. Aparte, el robo y hurto de pertenencias de las víctimas es común.
“La fabricación de delitos y la búsqueda de chivos expiatorios se asocia con detenciones arbitrarias y puede agravarse, precisamente porque se ha recuperado la idea de la prisión preventiva y puede usarse como un mecanismo de extorsión de ciudadanos inocentes”, afirma Carlos Vilalta, experto en seguridad y miembro del organismo de análisis CentroGeo.
En este marco, el reporte Índice de Estado de Derecho en México, de World Justice Project (WSP), establece en su evaluación que el factor de Justicia Civil, que mide ocho parámetros como la calidad, independencia e imparcialidad del sistema, alcanza un promedio nacional de 0.36, cuando la mejor calificación es 1.
Al menos se registraron 22 mil 839 casos de extorsión en México de 2015 a enero de 2019, señalan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), explica que “incluso en el ámbito militar, muchas veces cuando una persona se niega a una revisión en su vehículo, ellos mismos utilizan alguna expresión, como: ‘Si quiere le ponemos un kilo de ayuda’, refiriéndose a colocar droga en el automóvil. Con eso le fabrican un delito”.
Los elementos justifican ante los mandos su trabajo bajo la lógica del destajo, “con el mayor número posible de remisiones, pero esto afecta a la sociedad”, destaca por su parte Juan Canales Granillo, presidente de la fundación Azul por México y exelemento jubilado de la policía capitalina.
En el país se han presentado 3 mil 147 quejas ante la CNDH por actos presuntamente violatorios de derechos humanos atribuibles a personal militar, de las cuales 2 mil 807 fueron concluidas por el organismo y 340 están en trámite, del 1 de diciembre de 2012 al 12 de octubre de 2018, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aunque la dependencia asegura que han disminuido las irregularidades: en 2017 se registraron 340 y 298 en 2018. Es decir, casi una al día.
La madrugada que entraron a la casa de la familia Felipe Gómez catearon las habitaciones en busca de objetos de valor. Desgarraron un sillón, se llevaron pantallas, un teatro en casa, relojes, zapatos, tenis, ropa interior y 150 mil pesos producto de sus ahorros y del empeño en el Monte de Piedad de un carro Mitsubishi, que también hurtaron.
Los efectivos tomaron identificaciones, actas de nacimiento y tarjetas de crédito. Un par de agentes obligó a Rebeca a subir a su habitación, desnudarse y cambiarse de ropa frente a ellos.
“Mientras me cambiaba me dijeron: ‘¿Cómo puedes dormir con tanto perro? Deberías dormir con personas como nosotros, que te besemos, te demos caricias, no con un perro que te lama’. Estaba llorando y me decían: ‘Ya te tenemos bien ubicada, sabemos en qué escuela vas, a qué hora va tu papá por ti y a qué hora te deja’”, recuerda la menor de edad.
Su madre, Edith Gómez, indica que durante las tres horas que tardaron en presentar a su marido en el Ministerio Público lo llevaron a otro lugar, donde lo torturaron: “Querían que agarrara unas bolsas, pero nunca dobló sus manos. Las tiene lastimadas. Le sembraron droga y ahorita está en el reclusorio estatal de Chalco”. Hace un par de semanas unos reclusos lo “picaron” con un arma blanca, exigiendo 100 mil pesos por su seguridad. Edith ha recurrido a varias instancias, pero sin respuesta. Desesperada, implora que alguien la atienda y que Roberto Felipe Luna sea liberado.
En respuesta a la solicitud de información de este diario en torno al caso, la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena sugiere a Edith Gómez solicitar información a las autoridades civiles correspondientes.
Riesgo latente
Dadas las facultades de investigación y persecución de delitos que tendrá la nueva Guardia Nacional (GN), podría existir un riesgo latente para el aumento de los abusos.
“Las quejas que se han emitido eventualmente por las recomendaciones de la CNDH son por tortura, maltrato y desapariciones forzadas. Si tenemos un aumento de vigilantes con perfil militar a través de la Guardia, podemos esperar un incremento significativo en las violaciones de derechos”, asegura Vilalta.
“El gran problema que tenemos es que cuando te dan una instrucción en el ámbito militar tú la cumples. No importa quién sea la persona que detengas y por eso las constantes violaciones que pueden haber. ¿Por qué razón? Porque no hay una capacitación”, explica.
En el caso de Nazario Garibay, durante los tres días de detención en el MP asegura que obligaron a su esposa a desnudarse en varias ocasiones y la amenazaron de muerte, al igual que a su sobrino Édgar Ruiz.
Al no comprobar los delitos que se les fincaron, los acusaron de tener bolsas con estupefacientes en los vehículos de Garibay, de Ruiz y del negocio. El plazo de detención se venció y los trasladaron a la entonces Procuraduría General de la República. Ahí una juez federal los entrevistó y dejó en libertad en 10 minutos el 30 de noviembre. No había pruebas contra ellos, pero el MP exigió 150 mil pesos para liberar sus vehículos y negocio asegurados. Tras el pago, el autolavado volvió a dar servicio.
No obstante, la historia se saldó con trágicas consecuencias. El 20 de diciembre de 2017, mientras Garibay Godínez se encontraba en la CNDH, irrumpieron en El Güero dos sujetos vestidos de civil, con cabello corto y armas con silenciadores. Frente a sus familiares, niños incluidos, asesinaron a Ruiz y a su cuñado Óscar Montes Espíritu. Garibay Godínez huyó de Colima.
Al respecto, la Unidad de Comunicación Social de la Semar indicó a esta casa editorial que la CNDH determinó que “no se cuenta con elementos para acreditar conductas posiblemente constitutivas de violaciones a los derechos humanos” por parte de la dependencia.
Resaltó, asimismo, que “no se cuenta con testimonios de lo ocurrido en el autolavado El Güero, ya que la gente ha manifestado no tener interés en proporcionarlos, así como en la diligencia de campo llevada a cabo por personal de la CNDH, las personas indicaron no saber qué ocurrió en dicho lugar”.
Sin embargo, agregó que “se encuentra en la mayor disposición de atender cualquier asunto o detalle que a juicio del señor Nazario Garibay Godínez considere pertinente”.
