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La decisión de un tribunal federal de ordenar la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa es un precedente importante que podría, sujeto a ciertas condiciones, iniciar un cambio sustancial en la forma de investigar graves violaciones a los derechos humanos en México, expresó Amnistía Internacional .
“Después de cuatro años de continuos fracasos en la investigación del caso, esta decisión representa un avance importante en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzosamente la noche del 26 de septiembre de 2014 ”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional .
Señaló que la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas reconoció que en México no hay una Fiscalía independiente y que la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ha sido defectuosa y no ha considerado las líneas de investigación adecuadas.
Entre las irregularidades en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) destacó las reiteradas alegaciones de tortura, la sustentación de la acusación casi exclusivamente a través de confesiones incriminatorias y la omisión de investigar hechos y autoridades relevantes para el caso, incluyendo a miembros de la Policía Federal, el Ejército y la Marina.
Antes ese panorama, el Tribunal consideró apropiado ordenar la creación de una comisión indagatoria especial , que es un mecanismo que se utiliza para garantizar investigaciones adecuadas de delitos de derecho internacional cuando hay sospechas de que podrían haber sido cometidos por agentes del Estado o cuando los órganos tradicionales de investigación se han mostrado incapaces de cumplir su función adecuadamente.
Amnistía Internacional
explicó que el Tribunal sustentó esta parte de su fallo en el Protocolo de Minnesota, para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y el derecho constitucional mexicano.
Guevara Rosas dijo que de esta manera “parece quedar demostrada que la teoría del caso de la Procuraduría, referida al supuesto asesinato e incineración de los estudiantes en un basurero en Cocula, es poco creíble y que es mantenida solamente a costa de ignorar las pruebas y alterar la evidencia”.
Criticó que “la reacción inicial de la Procuraduría de manifestar públicamente su desacuerdo con la sentencia en vez de establecer una ruta clara para su cumplimiento hace pensar que el gobierno de México no ha entendido su responsabilidad en la investigación y sanción en este caso de graves violaciones de derechos humanos”.
La sentencia coincide y toma en consideración los hallazgos que en su momento hicieron públicos tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sus informes sobre el caso.
Señaló que además de la creación de la Comisión de la Verdad , el Tribunal ordenó otras medidas para garantizar los derechos tanto de los acusados como de las víctimas . Entre otras, se ordenó la investigación pronta e imparcial de las alegaciones de tortura, la correcta valoración de las confesiones, el estudio de legalidad de las detenciones y de la tardanza injustificada en poner a los detenidos ante una autoridad competente, y la evaluación del cumplimiento del derecho a contar con representación letrada efectiva.
“Esta determinación judicial asume correctamente que las víctimas son un actor central en los procesos de verdad, justicia y reparación y que su participación constante enriquece y facilita la investigación de los casos y el acceso a la justicia. Es imperativo que el Estado cumpla de buena fe con las órdenes del tribunal,” afirmó Guevara Rosas.
mpb
