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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a los jueces del país aplazar la resolución de los amparos contra la cancelación del Programa de Estancias Infantiles hasta que el pleno se pronuncie sobre el tema.
En sesión privada los integrantes de la Corte resolvieron por unanimidad que ante el “número considerable” de amparos tramitados por el cambio de reglas del programa, que establece reducción presupuestal y que los recursos serán entregados directamente a los padres de familia, procede ordenar el aplazamiento de las resoluciones.
Esto, debido a que tiene pendiente la resolución de una controversia constitucional presentada por el municipio de Parral de Hidalgo, Chihuahua, contra dicho cambio de reglas publicado en febrero pasado.
La Corte acordó resolver de manera prioritaria la controversia constitucional, como lo solicitó la Consejería Jurídica de Presidencia, por lo que se prevé que los ministros se pronuncien sobre el tema en los próximos meses.
Hasta que eso ocurra, los jueces y tribunales de amparo no podrán dictar sus resoluciones en los más de 600 juicios que se han tramitado.
En algunos de ellos se ha ordenado, mediante suspensiones provisionales y definitivas, aplicar las reglas de 2018, pero la Secretaría de Bienestar ha rechazado cumplir o ha cumplido de manera parcial.
EL UNIVERSAL informó que en junio pasado un juez en el estado de Chihuahua concedió el primer amparo contra la cancelación del Programa de Estancias Infantiles.
La resolución ordenó a la Secretaría de Bienestar entregar los recursos para beneficiar a las quejosas conforme a los montos y reglas aplicables en 2018.
Lo anterior representaba el pago de 950 pesos mensuales por niño inscrito en la estancia, cantidad que se entregaba directamente a la responsable de dicho centro y no a los padres de familia.
El cambio de reglas establecido por el gobierno federal generó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación en la que pidió a la Secretaría de Bienestar pagar retroactivamente los recursos a las estancias infantiles.
El gobierno federal consideró esta recomendación como aberrante y rechazó cumplirla.
