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México requiere una regulación inteligente de la publicidad oficial , que fortalezca el derecho a la información y la libertad de expresión , advirtió Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex.
En un mensaje en redes sociales, De Hoyos expresó que el gasto público, con independencia del rubro específico de que se trate, debe observar criterios de pertinencia en su propósito, eficacia en su aplicación y transparencia en su ejercicio.
Agregó que estos elementos deben estar presentes, por ejemplo, en la realización de una obra pública, en la prestación de un servicio, en la adquisición de insumos para la salud o en el financiamiento de entidades con actividades de interés público, como lo son los partidos políticos.
"Con el paso de los años, y en forma paralela a la exigencia social por el ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión, se volvió evidente que la regulación adecuada del ejercicio presupuestal destinado al pago de publicidad oficial, es un tema de alta incidencia en la maduración de la democracia y los derechos humanos", expuso.
"La reforma constitucional de 2014 estableció la obligación para el Congreso de la Unión de legislar en la materia, la cual no fue atendida oportunamente, lo que derivó en un proceso judicial impulsado por la organización Artículo 19, mismo que concluyó con una histórica resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en Noviembre de 2017, que impuso al Poder Legislativo Federal, la obligación de emitir la Ley General de Publicidad Gubernamental, a más tardar el 30 de Abril de 2018".
De Hoyos mencionó que por la relevancia del asunto, la inminencia de la obligación a ser cumplida y la proximidad de la preclusión del plazo conferido, la Coparmex hace un firme llamado al Poder Legislativo Federal, para iniciar el análisis, proceso de debate y dictaminación de la Ley reglamentaria de la Constitución en materia de publicidad oficial.
"La atención debe ser urgente por los legisladores por el plazo legal que transcurre, pero su importancia de fondo radica en la imperiosa necesidad de fortalecer el derecho de información y la libertad de expresión, consubstanciales a toda democracia moderna", dijo.
En su mensaje, el presidente nacional de Coparmex expresó que durante la actual administración federal, el ejercicio del gasto público ha estado plagado de inconsistencias y contradicciones.
"Mientras se contraen o mantienen prácticamente iguales los presupuestos en sectores vitales como educación, salud y desarrollo social, los recursos destinados al gasto en comunicación social en el gobierno, prácticamente se han incrementado notoriamente".
Apuntó que a lo largo del sexenio actual, el gobierno federal ha gastado 71% más del presupuesto que tenía autorizado para este rubro.
"Es un mal recurrente que no distingue entre orientaciones partidistas, pues la anterior administración federal también se excedió un 66% en el gasto de publicidad, respecto de lo autorizado por el Congreso en su momento".
Advirtió que la violación de la normatividad presupuestal, sistemática y deliberada, debe tener consecuencias jurídicas severas.
"En un País que se pretende sustentar en el Estado de Derecho".
La diferencia entre el gasto autorizado y el gasto ejercido en publicidad oficial, añadió De Hoyos, ha crecido consistentemente cada año.
Y de mantenerse esta tendencia, continuó, a finales de esta administración sexenal, el gasto en publicidad oficial podría sumar hasta 60 mil millones de pesos.
"Este monto es equivalente al presupuesto de egresos del estado de Chihuahua o al presupuesto federal para Sinaloa4, en 2017".
Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, refirió que además del problema que representa, en términos presupuestales, el desbocado crecimiento en publicidad oficial, esta práctica conlleva amenazas relacionadas con el derecho a la información, la independencia de los medios masivos de comunicación y la libertad de expresión.
