El nuevo monto al salario minino es insuficiente debido a que no cubre el costo de la canasta básica para una persona, por lo que el incremento de este año debió ubicarse al menos en 95.24 pesos como lo propuso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró Acción Ciudadana Frente a la Pobreza .
En un comunicado, la organización consideró que la decisión del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), de incrementar en 8.32 pesos el monto del salario a partir de diciembre viola la Constitución y condena a los trabajadores de menores ingresos a vivir en pobreza.
“El monto fijado es insuficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover a la educación obligatoria de los hijos como dice el artículo 123 de la Constitución”, indicó.
La organización señaló que el salario mínimo no puede ubicarse por debajo del umbral usado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza, debido a que el costo de la canasta básica para una persona es un límite mínimo, indispensable, el monto del salario mínimo debe estar por encima de ese monto y gradualmente debe llegar al monto suficiente para una familia.
Formada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, exigió al gobierno federal una nueva revisión del monto para ajustar el salario mínimo al costo de la canasta básica a partir del inicio de 2018; iniciar la recuperación gradual del salario en abril de 2018, para que sea suficiente para que quienes trabajan no vivan en pobreza, con un plan multianual de ajuste hasta alcanzar el nivel previsto en la Constitución.
Además, solicitaron al Congreso legislar para desaparecer la Conasami y crear un órgano con capacidad técnica, transparente y con gobernanza democrática, que se apegue a los principios constitucionales y exhortaron a las entidades de control de legalidad constitucional como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a actuar en el marco de sus atribuciones para “evitar esta nueva violación flagrante a la Constitución”.
