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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( ONU-DH ) se congratuló con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) de ordenar la regulación en materia de publicidad oficial.
Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, manifestó que "un barómetro de las democracias es la pluralidad y la diversidad de sus medios. El uso discrecional de la publicidad oficial puede tener un efecto disuasivo , comparable en términos prácticos al de la censura y a veces servir para premiar o no a medios de comunicación en función de sus líneas informativas".
Jarab saludó la resolución de la SCJN debido a que es un paso hacia la aprobación de reglas claras para la contratación de publicidad oficial.
El representante del organismo mundial en el país señaló que además, con esta decisión, el máximo tribunal confirma que el juicio de amparo puede ser el recurso adecuado para garantizar los derechos humanos cuando una omisión legislativa causa afectaciones en la esfera jurídica de los ciudadanos. Lo anterior en armonía con los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia.
La ONU-DH instó al Congreso de la Unión a dar cumplimiento a esta resolución, con plena participación de personas e instituciones expertas y tomando en cuenta la recomendación formulada al Estado mexicano por el entonces Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión de la ONU, Frank La Rue, en el sentido de “Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.”
El organismo reiteró su compromiso de continuar asistiendo y alentando decisiones que sienten la base para avanzar en los derechos humanos.
El pasado 15 de noviembre, en sesión de la Primera Sala de la SCJN , con mayoría de cuatro votos, los ministros ordenaron al Congreso emitir la ley reglamentaria sobre gasto en publicidad gubernamental a más tardar para el 30 de abril de 2018.
La expedición de esta reglamentación se estableció en la reforma político-electoral que entró en vigor desde 2014 y el Congreso tenía hasta el 30 de abril de ese año para emitir la ley reglamentaria sobre el gasto de comunicación social.
El proyecto fue realizado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien consideró que el Congreso incumplió con su obligación de emitir la ley reglamentaria conforme a la reforma constitucional, por lo que para el 30 de abril de 2018 deberá emitir el cuerpo normativo.
ahc
